Villavicencio. Un
Fiscal Seccional de la Unidad de delitos contra la Administración Pública
solicitó ante los jueces de garantías, audiencia para imputar cargos al actual
presidente del Concejo de Villavicencio,
Carlos Alberto Carreño Pedraza.
El ente judicial
investiga una posible responsabilidad penal que pueda tener el líder político
por la comisión de los delitos en celebración de contrato sin cumplimiento de
requisitos legales en concurso con falsedad ideológica en documento público.
El caso tiene relación
con el proceso de elección de Contralor municipal, en el que presuntamente
pueden existir irregularidades de orden económico y administrativo y que por
tal razón el mismo concejo municipal no ha logrado concluir con el trámite y
escogencia del nuevo gerente fiscalizador.
Así mismo, se conoció
que el fiscal instructor, tiene elementos materiales probatorios para presentar
cargos contra el asesor del concejo, Miller Oswaldo Villamizar Rojas,
domiciliado en Bogotá, y la contratista, Diana Patricia Herrera Fernández, con
domicilio en Envigado, Antioquia.
La decisión de imputar
cargos la tomó el agente investigador luego de escuchar en diligencia de
interrogatorio, hace varios días, al presidente del concejo, Carlos Carreño y a
otros concejales integrantes de la mesa Directiva de dicha corporación.
Los supuestos hechos de
corrupción en el proceso para elegir Contralor municipal, fueron denunciados
por Héctor Alfonso Cuellar Pulido, Carlos Julio Serrato Ladino y Alex Alfredo
Rincón Hernández, todos tres concejales de la ciudad.
Por lo anterior, la
Fiscalía 19 de la Unidad Anticorrupción está a espera de que el Centro de
Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio determine la fecha y hora de
la Audiencia, que deberá de desarrollarse en la Torre A del Palacio de Justicia
en la capital del Meta.
Hace 7 meses, los
concejales iniciaron actividades y no les ha sido posible resolver la elección
del Contralor municipal para un periodo de 4 años, al tanto que algunos dicen
que tendrán que contratar nuevamente otro proceso cercano a los 20 millones de
pesos para destrabar la elección.