En municipios como
Manaure y Uribia, los escolares no reciben todas las raciones contratadas y el
operador cobra como si las hubiera entregado.
Este es uno de los
departamentos donde es muy evidente la concentración de la contratación del
PAE.
- Con 9 hallazgos
fiscales por $3.757 millones, La Guajira se convirtió en el departamento de la
Región Caribe donde más se han presentado irregularidades en la ejecución del
Programa de Alimentación Escolar –PAE, de acuerdo a la reciente Actuación
Especial que sobre el mismo realizó la Contraloría General de la República.
Igualmente, la CGR
estableció en el departamento de La Guajira 38 hallazgos administrativos con
posible incidencia disciplinaria y 1 con presunto carácter penal.
Las mayores
deficiencias se presentaron en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y
Riohacha.
Uno de las situaciones
evidenciadas es que los operadores incumplen con la minuta y, puntualmente, en
los municipios de Manaure y Uribia, el equipo auditor evidenció estudiantes que
no reciben la ración muy a pesar de ser cobrada por el operador. Por ejemplo:
se contrata el suministro de 500 raciones y solo se entregan 200 raciones.
Algunos operadores
establecen un recaudo de $100 y $200 para el servicio de alimentación escolar;
y las planillas de control de entrega son diligenciadas por las manipuladoras
generalmente al finalizar la semana, es decir, que el control y seguimiento no
es realizado en tiempo real.
Concentración de la contratación y daños fiscales detectados
Como sucede en otros
departamentos, en La Guajira se evidencia claramente una concentración de las
contrataciones, en este caso con la Corporación Gestión del Recurso Social y
Humano -GERS-, a través del contrato de aporte No. 202 de 2015 por valor de
$404,6 millones, y la Corporación Corazón País, con el contrato de aporte No.
436 de 2014 por valor de $2.649 millones.
Estas mismas
organizaciones suscribieron contratos en el municipio de Maicao, según consta
en los contratos No. 436 de 2014 por valor de $772 millones y No. 154 de 2015
por valor de $1.600 millones, respectivamente.
La Contraloría
evidencio en Maicao un daño fiscal por $523,8 millones, generado por el pago de
gastos administrativos y operativos ya incluidos en el valor de la ración y
cancelados adicionalmente, según contrato 005 de 2015 suscrito con el Consorcio
Manos Unidas por Colombia.
A su vez, el municipio
de Uribia suscribió 19 contratos con diferentes asociaciones indígenas, donde
se reconoció un mayor valor por ración, lo que generó un detrimento patrimonial
por $451,2 millones, correspondiente a convenios ejecutados en la vigencia
2014. También en el 2015 se cancelaron mayores valores por ración, lo que
originó un detrimento por $534 millones.
En este mismo municipio
se dejó un hallazgo fiscal por pago de costos operativos según Convenio de
Asociación celebrado con la Asociación de Proyectos Sociales para el Desarrollo
Integral ASOPRODEIN, lo que generó un daño fiscal por $629,2 millones.
Irregularidades encontradas en el municipio de Manaure
En el caso del
municipio de Manaure, no se cumplen con los lineamientos del PAE, los comedores
de las Instituciones están en condiciones deplorables y antihigiénicas, los
estudiantes consumen los alimentos en el suelo, el agua que se utiliza es sucia
y no se ejecuta el programa de manejo de residuos.
En cuanto a la gestión
fiscal, en el contrato de suministro 076 de 2014 suscrito con la Asociación
Creando Futuro ASOCREF, se cancelaron costos operativos que no pueden ser
cancelados con estos recursos ($238,8 millones), lo que se estima como daño
patrimonial.
En el año 2015, en el
contrato 051 de 2015, suscrito con la Corporación Corazón País, se le reconoció
al operador mayores valores por ración, que suman $851 millones; adicionalmente
el operador dejó de entregar las raciones por un término de 15 días, y en su
defecto hizo entrega de paquetes o mercados, lo que no está establecido en los
lineamientos y contraviene la finalidad del programa.
Hallazgos fiscales en Riohacha
Finalmente, en el
municipio de Riohacha, por falta de suministro del componente frutal indicado
en la minuta, se constituye un detrimento por $221,8 millones, toda vez que en
desarrollo del Convenio 001 de 2014 suscrito con la Fundación Luz y Vida, tal
componente fue cobrado por el operador, pero no suministrado a los estudiantes.
En el año 2015, se
firmó con la misma Fundación el Convenio 004 y, por los mismos hechos que se
dieron en el convenio anterior, sumado al pago de raciones no certificadas, se
generó un detrimento por $75,6 millones.