El Consejo de Estado ordenó el pago de una multa de 5.900 millones de pesos a los demandantes. En la acción fueron asesinados 13 policías y 140 fueron secuestrados.
La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por las afectaciones morales y materiales que sufrieron los familiares de 28 policías durante el ataque de la guerrilla de las Farc a la estación de Policía en el municipio de Miraflores (Caquetá) el 3 de agosto de 1998.
El alto tribunal determinó que se presentó una falla en el servicio por parte de las entidades demandadas ya que los policías de la mencionada estación no tenían los elementos materiales para defenderse de un ataque guerrillero. En el debate jurídico se encontró que la mayoría de los fusiles y granadas que tenían los uniformados no funcionaban.