De RCN Radio.
Un juez de control de garantías de Bogotá
legalizó la diligencia judicial de allanamiento adelantado por la Fiscalía
General a la Sede Administrativa de la Refinería de Cartagena, ubicada en el
norte de Bogotá.
El juzgado avaló las
labores judiciales realizadas por un grupo especial del CTI en la que fueron
encontrados más de 2.500 contratos, cinco mil gigas de información, toda una
serie de computadores y otros elementos.
De igual Forma, la
Fiscalía ordenó continuar con el allanamiento a la sede principal de Reficar en
la ciudad de Cartagena.
El CTI tiene previsto
extender esta diligencia por otros tres días para recolectar toda la
documentación, computadores y demás elementos.
Tras el hallazgo de
todos estos elementos, ahora un grupo de agentes del CTI, expertos
principalmente en delitos contables, con apoyo de la policía económica y
financiera, llevarán a cabo un análisis técnico con el fin de establecer la
comisión de posibles delitos.
RCN Radio conoció que
dentro de los documentos encontrados en Bogotá aparecen todos los manuales,
facturas, contratos, políticas y procedimientos de la empresa con el fin de
descubrir si se presentaron o no irregularidades relacionadas con los más de 4
mil millones de dólares en sobrecostos advertidos por la Contraloría General.
Igualmente, la Fiscalía
no descarta citar a declarar próximamente a miembros de la junta directiva de
Reficar o al propio presidente de esa compañía.
Para acelerar las
indagaciones, los expertos de la Fiscalía procedieron a ordenar parte de la información
en distintas carpetas de trabajo como las actas de junta directiva, las
auditorías realizadas por la Contraloría y las diferentes escrituras públicas
de la compañía.
Según los
investigadores, fueron recolectas las actas de las reuniones celebradas por la
junta directiva de Reficar entre el periodo 2006 a 2015, al igual que las
auditorías a las que fue sometida la empresa desde 2009 hasta 2014 y cerca de
quince escrituras con registros de 2006 a 2015.
Los investigadores en
este caso podrían eventualmente procesar a quien resultó responsable de estos
hechos por delitos como celebración indebida de contratos, falsedad, peculado,
entre otros.