La Fiscalía General inició una indagación
preliminar a raíz de la denuncia que fue instaurada contra el ministro de
Hacienda, Mauricio Cárdenas, por las supuestas irregularidades registradas en
la venta de Isagén.
La denuncia que originó
esta investigación fue instaurada por la Red de Veedurías Ciudadanas al
considerar que hubo serias inconsistencias en la venta del 57.66 por ciento de
las acciones de Isagén a la empresa canadiense Brookfield Fast Asset
Management.
Según Pablo Bustos,
director de Red de Veedurías Ciudadanas, en este caso nunca se presentó una
subasta como lo anunció el Gobierno y se vendió a un único oferente.
Según la denuncia en
este caso, “se advertirían vicios en el desempeño como servidores públicos y en
el patrimonio colectivo de los principios básicos de la función pública y de la
contratación administrativa“.
El abogado Bustos
indicó que con la venta de esta empresa de energía resultaron afectados el
interés patrimonial y de moralidad pública ya que finalmente no se promovió una
disputa por un mejor precio de las acciones.