El Fiscal General de la
República advirtió que con la actuación de la justicia, el mensaje que se está
mandando a la ciudadanía es que delinquir paga.
El Fiscal General de la
República, Néstor Humberto Martínez, prendió las alarmas, por la debilidad
en política criminal que se aplica en el
país y recalcó que “no vamos a poder imponer el orden en Colombia si mantenemos
esta política lapsa”
Esta advertencia fue
hecha el Fiscal al ministro de Justicia,
Enrique Gil Botero, durante el Encuentro de Alcaldes que se realiza en
Cartagena, donde recalcó que “el país debe mantener la lucha contra el tráfico,
microtráfico y narcomenudeo, de lo contrario vamos a perder una generación en
manos de la droga”.
El funcionario fue
crítico con el Gobierno al recalcar que la entidad había denunciado, desde
varios puntos del país, que se estaban presentando confrontaciones de los
grupos ilegales por copar el espacio dejado por las FARC, y que el Gobierno no
está preparado para impedir que ocurran estos hechos.
Aseguró que la solución
no se ataca con fuerza pública, sino que se requiere hacer un tránsito a través
de una política pública para resolver problemas de salud, educación y servicios
públicos. Además, que se dé la presencia de una agencia del Banco Agrario en
las zonas de consolidación y poder llevar la vivienda rural.
Advirtió que la
ausencia del Estado ha permitido el aumento de cultivos ilícitos y el aumento
de bandas criminales que está afectando a la comunidad, aseguró.
“Menos fuerza y más
presencia del Estado Social, eso es lo que está esperando la gente. Necesitamos
una política criminal coherente. No podemos seguir dando bandazos y palos de
ciegos”, puntualizó.
Leyes y más leyes
El Fiscal recalcó que
hay una serie de proyectos de ley que busca reducir las penas a los delitos, lo
que puede generar el incremento de la criminalidad en el país.
“No podemos permitir
que los delitos como hurtos menores se
conviertan en contravenciones, que las penas menores a diez años se les dé casa
por cárcel”, explicó.
El fiscal señaló que
con estos hechos lo que se está mandando es el mensaje que delinquir paga.
Frente a estas
advertencias el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, sostuvo que “no
queremos impunidad y que no va haberla”.
Aseguró que entre el
2000 y el 2016 se presentaron 56 proyectos para incrementar las penas, cuando
lo que se requiere es la medición de la gravedad del delito y sancionarla.
Con respecto a este
tema los alcaldes denunciaron que de nada sirve que las autoridades detengan a
los infractores si los jueces los dejan en libertad rápidamente.