Un departamento
colombiano, históricamente saqueado por sus propios mandatarios
DIANA
CALDERÓN
Esta semana se
cumplieron dos meses de las medidas cautelares dictadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en favor de los niños, niñas y adolescentes
de La Guajira, en el norte de Colombia, departamento fronterizo con Venezuela.
Se trata de territorio desértico, con el 30 por ciento de la población indígena
de todo el país, de la etnia wayuu. Entre 2008 y 2013 murieron 4.151 niños, 278
por falta de comida, 2.671 por enfermedades no tratadas. Se contabilizan 48
niños en 2014 y 38 en 2015. Este año van 6, según cifras oficiales.
El procurador general
de la Nación, Alejandro Ordóñez, acusó de homicidio inaceptable la muerte de
menores por hambre en ese departamento. ¿A quién acusaba? No es difícil
advertir que al gobierno. El jefe del Ministerio Público utilizó, traficó, con
las muertes de esos niños y con el dolor de sus familias para hacer política
contra sus opositores, nuevamente. ¿Dónde quedó la misericordia, de esa de la
que habla ante el Dios que cree que solo lo escucha a él?
Son múltiples los
factores que explican la situación de muchas familias que viven en lo que se
conoce como rancherías
No puede ser que además
de tener que presenciar lo que el procurador no ha visto y muchos de nosotros
sí, y que nos parte el alma sin poder volver a ser los mismos, se atreva a
hacer declaraciones de esa manera cuando, en cambio, está llamado a revisar en
sus archivos qué hizo para evitar una sola de esas muertes. A quiénes dejó de
abrirle investigaciones muchos años antes cuándo esto también ocurría.
Pero el tráfico con
esta desgracia no ha sido solo de él. También de los mismos políticos guajiros
que ahora salen a rasgarse las vestiduras y a decir que el departamento está
quebrado, que no hay dinero. Esos que se la pasan visitando rancherías y recogiendo
niños desnutridos para mostrárselos a los medios de comunicación como trofeos
de su sensibilidad y compromiso con el pueblo. Esos otros que por años hicieron
de la violencia su única forma de existencia y hasta prestaron a sus hijas para
complacer el apetito de los paramilitares que acogieron.
Son múltiples los
factores que explican la situación de muchas familias que viven en lo que se
conoce como rancherías, casas hechas de barro y de trupillo, y que beben del
agua con la que lavan la ropa, y se alimentan gracias a la asistencia estatal y
la chicha al desayuno, cuentan un representante legal, que es su líder, y por
encima en su estructura se apoyan en los Palabreros.
Además de los aspectos
ambientales como que no existen fuentes hídricas y no llueve hace más de 3 años
en algunos lugares, está el cierre de la frontera con Venezuela por orden del
Nicolás Maduro, y donde trabajaban en diversas labores de ordeño, exportación
de sal, comercio legal e ilegal centenares de guajiros. Adicional, nadie en Colombia
ha logrado abrir los puertos hacia el Caribe, la zona insular, de donde por
años se nutrieron de bonanzas estos habitantes. Por donde además entraron los
migrantes europeos y especialmente árabes siglos atrás convirtiendo esta región
de Colombia en una de las primeras multiculturales, con un comercio de telas,
café y un sinnúmero de productos que hoy está en poder de otros.
La Guajira ha sido un
departamento históricamente saqueado por sus propios mandatarios. El que más
regalías recibía por concepto de la explotación de gas y carbón. Cerca de 1.500
millones de dólares en 25 años. Las estructuras políticas que han gobernado hoy
le reclaman al gobierno central atención para sus niños. Esos gobiernos
centrales que también han sido por décadas cómplices de la forma como en esas
tierras polvorientas y adornadas por el color de los artesanos wayuu, el mar
inmenso que bordea las costas, se han turnado el poder para su beneficio.
Han sido las familias
Ballesteros Bernier, Pérez Bernier, Cuello Blanchar, Deluque, y entre otros, el
hoy preso ex gobernador Juan Francisco " Kiko "Gómez, hasta llegar a
la elección el año pasado de la conocida como la princesa negra, Oneida Pinto.
Casi todos con un fantasma detrás pero no una leyenda, el hombre Marlboro, el
ex senador Samuel Santander Lopezsierra, extraditado en 2003 y condenado a 25
años en 2007 por lavado de activos y narcotráfico.
Tal será la situación
de desfalco al erario, que solo en 2014 fue detenido el exalcalde de Maicao,
Eurípides Pulido; la ex alcaldesa de Manaure Francisca Freyle terminó por
entregarse a la Fiscalía; y la ex alcaldesa de Uribia, Cielo Redondo está
prófuga y su hijo hoy es el alcalde de ese pueblo.
Otro problema tiene que
ver con las propias comunidades indígenas, cuyas autoridades en muchos casos
han hecho unión con los políticos corruptos y aprovechan su autonomía para
armar mafias de contratistas y operadores, impidiendo a muchas entidades del
Estado realizar su trabajo e incluso creando entidades prestadoras de salud que
se llevan la mayor parte de la contratación, mientras los hospitales públicos
se quiebran.
Por estos días incluso
los carrotanques que reparten agua tenían dificultades para hacerlo. Si nos es
con las personas que los indígenas señalan, no dejan prestar el servicio. La
situación no es nueva desde el 2014, cuando se declaró la calamidad pública en
la Guajira por la sequía, se han repartido 373 millones de litros de agua.
Precisamente hace 25
años, la Carta del 91, reconoció a Colombia como país multicultural con comunidades
indígenas y negras, con sus tradiciones y formas de gobierno y economía
propias. Se garantizó la creación de sus territorios colectivos, resguardos que
hoy son más de 30 millones de hectáreas especialmente en el surccidente del
país, con derecho a voz en la toma de decisiones, obligatoriedad de activar el
mecanismo de consultas previas si alguna medida del legislativo los afecta e
incluso la facultad para gobernar en sus tierras.
En la Guajira, a
diferencia del Cauca y Nariño, mucho de esto ha sido pervertido. Los indígenas
en el Cauca tienen formas de deliberación y destitución, organización que son
ejemplares en las comunidades Awá y Pastos o los Nasa y Guambianos.
Este año, más de 22.000
hogares se beneficiarán de proyectos de seguridad alimentaria. Y aunque el 100%
de los niños matriculados en instituciones educativas en La Guajira, que son
casi 200 mil, recibieron un complemento alimentario en 2015, es necesario
supervisar que los alimentos que llegan los consuma los niños y sobre todo
garantizar el presupuesto para su sostenimiento. El ICBF no puede seguir siendo
un instituto de caza bandidos, aunque se reconoce el esfuerzo para combatir la
corrupción pero debe retomar su verdadera función y vocación.
Por último, el atraso
impide que las ayudas lleguen a los lugares donde se necesitan. La Alta Guajira
es aislada, sus vías son trochas. Y cuando logran llegar aparece la perversión
del subsidio, que es el mismo en todas las naciones: si a una mujer le dan un
kit para alimentación de sus hijos de entre 0 y 4 años, pues seguirá
teniéndolos para recibirlos. Es por eso que las ayudas sin alternativas de
desarrollo no son una solución integral. El documento Conpes que ha anunciado
el gobierno Santos debe recoger estas realidades.
Diana Calderón es
directora de informativos y de @hora20 de Caracol Radio Colombia. Twitter
@dianacalderonf
*Jamushiri: término
wayuu que significa hambre