Un juez de control de garantías de Riohacha
impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria a Robinson Antonio
Román Dávila y Liliana Sofía Cabas
Ochoa, dos contratistas del ICBF en Guajira, por presuntos actos de corrupción
en esta institución.
Tras su detención, los
implicados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, en el
caso de Román Dávila en calidad de autor, peculado por apropiación y falsedad
en documento privado en calidad de coautores.
Aunque Román Dávila
había quedado en libertad a finales del año pasado, por un error en la
escritura de su apellido tras su captura, los implicados se presentaron el
lunes pasado ante la Fiscalía seccional de La Guajira. Sin embargo, la
audiencia duró una semana, por diversas suspensiones y aplazamientos que habían
pedido los abogados. Finalmente, el juez de control de garantías de Riohacha,
les dio casa por cárcel.
Cabe señalar que los
contratistas habrían perpetrado actos de corrupción en el programa de alimentos
de esta institución en La Guajira, puesto que Román Dávila era proveedor de
papelería y Cabas Ochoa de refrigerios.
