Un fiscal especializado
apeló la decisión del Juez 28 Penal Municipal de Bogotá con Función de Control
de Garantías, quien otorgó la libertad a
las funcionarias de la Contraloría General de la República, Mónica Esperanza
Cano Bedoya y Edith Roció Gonzales
Martínez.
El fiscal en su argumentación para objetar la decisión
del juez de garantías indicó que el juzgador en ningún momento valoró las
pruebas que se expusieron sobre el peligro que éstas representan para la
comunidad.
Indicó también el
fiscal que el juez tampoco hizo valoración alguna sobre cada una de las
conductas imputadas y tampoco sobre la inferencia razonable con relación a la
autoría o participación de las imputadas en los hechos.
El fiscal en su
argumentación solicitó a la segunda instancia que se revise las razones por las
cuales se hizo la solicitud de la medida de aseguramiento de detención
intramuros, en contra de las dos funcionarias.
Según la Fiscalía las
dos imputadas son presuntas responsables de los hechos ocurridos entre el 5 y
el 15 de julio del 2011, cuando recolectaron información reservada de un disco
duro, en el que se contaba con datos de por lo menos 70 personajes de la vida
nacional, al igual que de la empresa privada.
Dijo que para la época
de los hechos, Cano Bedoya desempeñaba el cargo como asesora de la Contralora,
mientras que Gonzales Martínez laboraba como Coordinadora del Laboratorio
Informático de esa entidad, cargo desde el cual falsificó 12 documentos
públicos.
Las dos investigadas
obraron de manera errónea, ya que no tenían la competencia para ordenar y menos
adelantar esa clase de tareas, ya que esa no era función de esos despachos, por
lo que se extralimitaron en el desarrollo de sus funciones, pues en ningún
momento estaban autorizadas para intervenir en acciones fiscales, ya que
tampoco tenían atribuciones para ordenar búsquedas y seguimientos a casos de
manera arbitraria, dijo el fiscal.
En audiencia adelantada
el pasado 12 de diciembre el fiscal especial ante la juez 41 penal municipal de
Bogotá con Función de Control de Garantías, señaló que las dos funcionarias
deberán responder por los delitos de prevaricato por acción, en concurso
homogéneo y sucesivo con abuso de función pública; ocultamiento, alteración o
destrucción de elementos materiales probatorios, en concurso con falsedad
material en documento público y falsedad ideológica en documento público.