El presidente de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Néstor
Raúl Correa, aseguró que la tutela que interpuso el Defensor del Pueblo, Jorge
Armando Otálora, -para evitar el traslado de la Contraloría por al menos 6 meses-,
y que fue fallada en contra fue impugnada por él mismo y ahora será sometida a
reparto en los juzgados de Paloquemao. (Procuraduría pide agilizar tutela que
evitaría traslado de la Contraloría).
Este miércoles 31 de
diciembre se podría definir si se dictan medidas provisionales para que los
funcionarios del órgano de control fiscal permanezcan en la sede mientras se
resuelve esta impugnación, que podría tardar 20 días hábiles.
Además de solicitar
medidas cautelares para evitar que la Contraloría tenga que dejar su actual
sede, la Procuraduría General de la Nación pidió al Consejo Superior de la
Judicatura ordenar el reintegro de la juez encargada de fallar la tutela que
interpusieron los trabajadores del ente de control para evitar el traslado a otras
instalaciones.
El ente precisa que “la
situación que enfrentan los servidores de esta entidad, les impedirá, en el
inmediato futuro, cumplir cabalmente el ejercicio de la función de vigilancia
de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes de la Nación” y también señala que esta circunstancia
“pone en riesgo una función pública estatal de naturaleza esencial, así como
los recursos y el patrimonio del Estado, teniendo en cuenta que el control fiscal
constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho”.
El actual contralor,
Edgardo Maya, recibió de su antecesora Sandra Morelli una demanda por la
terminación anticipada del contrato de arrendamiento firmado a 10 años y que,
por irregularidades en su suscripción y cuantía, se decidió no continuar.