Un consorcio integrado
por Carvajal, Telmex y Claro presentó un derecho de petición para revocar una
licitación por más de $500.000 millones.
D el Espectador.
Un nuevo espacio de
enfrentamiento tienen ahora las dos grandes multinacionales de comunicaciones
que operan en el país. A los ya acostumbrados temas de competencia por los
usuarios de la telefonía móvil entre estas dos compañías, ahora se añade una
disputa por una millonaria licitación adjudicada por el Sena en la madrugada de
este 24 de diciembre.
Se trata de la
licitación DG 11 de 2014, que busca la contratación de “la prestación,
integración e interoperabilidad de servicios de tecnologías de información y
comunicaciones - tic, aquellos conexos y complementarios, así como los demás
bienes y prestaciones requeridos para la operación y funcionamiento de unos y
otros, en todas las sedes y lugares en los que el Sena cumpla las funciones a
su cargo y desarrolle las actividades de educación y de formación que
constituyen su objeto”. Un contrato de alto impacto para el Sena, toda vez que
tiene que ver con todo el manejo de sus basess de datos de estudiantes,
programas educativos, etc.
A la licitación se
presentaron cuatro consorcios conformados, el primero por ZTE, la multinacional
china de la telecomunicaciones (tal vez la más grande de ese país), el segundo
participa la chilena Sonda, el tercero UT Sena Digital, del que hace parte
Telefónica y el cuatro, Proa, en el que participa Claro y Carvajal.
Los consorcios
cuestionaron el proceso, cuyo costo de contratación rodea los $500.000
millones, toda vez que consideraron que existe un conflicto de intereses porque
Telefónica hace parte la junta directiva de Sintel, la compañía encargada de
armar los pliegos y hacer la evaluación de los oferentes, entre otros, según
argumento de representantes de los consorcios participantes.
Según señaló un
representante de uno de estos consorcios, fue la misma Cintel la que señaló que
no existía ningún tipo de conflicto y decidió seguir adelante con la
licitación.
Pero lo que realmente
molestó al representante legal del consorcio Proa Servicios Tic (Carvajal,
Telmex y Claro) es que una vez culminada la evaluación y tras ser habilitados
solamente dos consorcios – su representado y el de Movistar- se incluyeran los
cuatro participantes en la evaluación económica, lo que benefició a Telefónica,
que se apresta a firmar el contrato.
Para Victor Manuel
Muñoz, representante de Proa, el proceso no es transparente, pues en carta
enviada al director del Sena Alfonso Prada este mismo viernes advierte que los
pliegos de la licitación señalaban que “aquellas propuestas completas de Proponentes
Habilitados, que reúnan los requisitos exigidos, se considerarán aceptadas y
serán objeto de evaluación y calificación para establecer el orden de
Elegibilidad Preliminar de adjudicación del contrato proyectado, en función de
los criterios o factores de ponderación establecidos en este Pliego de
Condiciones”.
Esto quiere decir que,
según su interpretación, solamente quienes cumplieran con los requisitos de
capacidad jurídica, financiera, técnica y operacional, eran susceptibles de ser
evaluados en su propuesta económica y por lo tanto no se podían incluir los
cuatro oferentes, tal como sucedió.
Durante la audiencia
que terminó hacia la una de la mañana del pasado 24 de diciembre, señalan
testigos, los participantes hicieron las advertencias sobre el error que
estaban cometiendo los licitantes al incluir a los cuatro proponentes y no
solamente a los dos calificados dentro de la evaluación económica, pero el
equipo evaluador, en cabeza de Piedad Jiménez Montoya, Directora Administrativa
y Financiera, consideraron que la audiencia avanzaba sin ninguna irregularidad
y que era totalmente válido incluir a los cuatro proponentes en la evaluación
económica.
Ello llevó a que Muñoz,
además de pedirle a Prada que intervenga en la licitación, presentara un derecho
de petición para que revoque la licitación y no se firme dicho contrato. El
derecho de petición fue puesto en conocimiento de la Contraloría, la Fiscalía y
la Procuraduría por parte del consorcio Proa.
Los representantes del
consorcio Sena Digital, en el que participa Telefónca y otra firma española de
tradición, señalaron a El Espectador que están tranquilos con la licitación y
con el procedimiento por parte del Sena en su adjudicación y señalaron que
tienen las herramientas jurídicas suficientes para responder a Proa en caso de
que se tome alguna decisión adversa antes de la firma del contrato.
"Estamos
seguros de la solidez legal y técnica del concurso, dada la idoneidad del
equipo jurídico que asesoró el proceso para la entidad contratante... Telefónica
confía en que se concluya con el trámite de suscripción del contrato tal como
se deriva de la adjudicación del proceso licitatorio, realizada el pasado 23 de
diciembre", dijo oficialmente el consorcio