El ministro de la
Presidencia, Néstor Humberto Martínez, se refirió al arresto del
exsuperintendente Nacional de Salud, Gustavo Morales, por el desacato a una
tutela. “Nos parece que eso es absolutamente injusto y el Gobierno va a
solicitarle al Consejo Superior de la Judicatura una investigación
disciplinaria de la decisión del juez”, dijo.
Explicó que “en primer
lugar, porque no puede haber tutela frente a decisiones administrativas, cuya
forma de controvertirlas es a través de una acción ordinaria en el contencioso
administrativo”.
Añadió que “en este
caso, el funcionario dejó de serlo y no hay forma de exigirle el cumplimiento
de esa orden de tutela”, por lo que enfatizó: “De tal manera que el desacato
tiene que evaluarse desde el punto de vista disciplinario por el Consejo
Superior de la Judicatura”.
La historia que hizo
que el exsuperintendente pasara la noche de Navidad recluido en la Sijín
comenzó el 8 de junio de 2012, cuando la sociedad anónima Salud Andina le
solicitó a la Superintendencia de Salud autorización para ejercer como entidad
promotora de salud (EPS). En febrero del siguiente año, la Superintendencia
Delegada para la Atención en Salud dio luz verde para la conformación de la EPS
y el proyecto de resolución llegó al despacho del superintendente —Morales, en
esa época— para que cumpliera la función que le otorgan las normas: “Autorizar
la constitución de las entidades promotoras de salud del régimen contributivo y
subsidiado”.
La decisión del alto
funcionario, sin embargo, fue la contraria. Morales encontró que David Peláez
Pérez y Carlos Bula Vieco, secretario de Salud del Atlántico y secretario de
Salud de Soledad (Atlántico), respectivamente, hacían parte de las cinco
sociedades que conformaban Salud Andina. En concepto de Morales, la ley era
clara: directores o servidores de organismos públicos que ejercieran
supervisión no podían hacer parte de una EPS. Otra cosa, además, había llamado
la atención del superintendente de esa época: un importante oficio de alerta
(OF 13-00081767), enviado por el secretario de Transparencia de la Presidencia,
Rafael Merchán, el 3 de julio de 2013.
El 25 de diciembre, a
las 8 de la mañana, el exsuperintendente de Salud Gustavo Morales quedó en
libertad después de haber cumplido 72 horas recluido en la sede de la Sijín en
Bogotá. Además de haber pasado tres días privado de la libertad, tendrá que
pagar una multa de $6’160.000 —10 salarios mínimos— al Consejo Superior de la
Judicatura. ¿La razón? Que así lo ordenó Edwin Volpe Iglesias, juez noveno
penal municipal de Barranquilla, quien consideró que Morales había incurrido en
desacato por no haber cumplido un fallo de tutela que el propio Volpe había
emitido el 1° de septiembre de este año.