Son ‘verdugos’ de
inocentes y enredan a la justicia
Se siguen consolidando
como uno de los lastres para la administración de justicia. El grupo de trabajo
de la Fiscalía General para estos casos tiene al menos 140 procesos. La
impunidad ronda y hasta Colciencias se metió en el tema.
Por: Norbey Quevedo
Hernández
A mediados de esta
semana, un juez condenó al excomandante paramilitar Armando Lugo, alias El
Cabezón, por declarar que había recibido $25 millones del senador liberal Luis
Fernando Velasco para asesinar a dos personas en Popayán. Sus versiones
resultaron descabelladas para la justicia y por ello fue condenado por los
delitos de falso testimonio y estafa. Hoy paga en prisión su pena y el
parlamentario, quien hoy integra la Comisión Segunda del Senado, afrontó un
proceso penal que fue archivado por la Corte Suprema de Justicia.
El jueves de la semana
pasada, el desmovilizado del Eln Julio César Salazar fue condenado por falso
testimonio y fraude procesal. Su nombre salió a la palestra porque en su
momento la Fiscalía pensó que era uno de los hombres claves para probar que el
exdiputado del Valle Sigifredo López fue el autor del secuestro de sus
compañeros en la Asamblea del Valle en abril de 2002. Al final, todo resultó un
montaje y Salazar reconoció que mintió a las autoridades.
El caso de López ha
sido el referente para ratificar la consolidación de carteles de testigos que
rondan a la justicia colombiana. De hecho, el exguerrillero Salazar es el
primer sentenciado de los seis falsos testigos que declararon dentro del
proceso contra López. Allí señalaron con perversidad que conocían al
exdiputado, que en cierta ocasión pagó US$200.000 para facilitar la liberación
de un guerrillero del Eln y que en agosto de 2001 Sigifredo López estuvo en un
campamento guerrillero en donde con un mapa de Cali explicó el operativo para
secuestrar a los exdiputados.
El asunto de los falsos
testigos no es de poca monta y sigue afectando significativamente la
administración de justicia. Incluso, el Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Colciencias), creó desde mediados del año pasado una
línea de investigación técnica en derecho penal y procesal penal en el que
profesores, litigantes reconocidos, psicólogos y expertos criminalistas buscan
hacer un diagnóstico y proponer soluciones al problema.
Entre tanto, los más
recientes registros de la Fiscalía General de la Nación sobre el tema dan
cuenta de una tendencia creciente de este tipo de casos. Según estadísticas de
la jefatura del Grupo de Trabajo para la Investigación de los Falsos Testigos,
a mayo de 2014, en esa dependencia estaban radicadas 140 carpetas de trabajo,
divididas entre indagaciones e investigaciones. De este grupo, el ente acusador
tiene registros de 15 procesos que se encuentran en etapa de juicio.
Sin embargo, fue el 4
de septiembre de 2012 cuando la Fiscalía asumió en forma el tema de los falsos
testigos. Ese día expidió la resolución 1566, en la que fundamentó el tema en
razón a que detectó “la existencia de falsos testigos, que están actuando de
manera indiscriminada, extorsionando a la comunidad so pretexto de enlodar su
buen nombre a través de testimonios mentirosos”.
En consecuencia, el
organismo investigador creó un grupo de trabajo conformado por seis fiscales
delegados ante jueces de circuito y especializados y siete asistentes de fiscal
e investigadores del CTI, con el propósito de adelantar las indagaciones
respectivas, formulando las acusaciones ante los jueces competentes por los
delitos de falso testimonio y fraude procesal.
En 2013, cuando el
grupo para combatir los falsos testigos cumplió su primer año, según cifras de
la Fiscalía, se judicializaron cerca de 350 personas. No obstante, pese al alto
número de procesados, en ese momento solo se lograron dos condenas. La primera
fue contra Diego Fernando Hernández Trejos, alias Carlos, un exguerrillero de
las Farc que acusó al exvicepresidente Angelino Garzón de recibir $160 millones
de tres comandantes de las Farc y hacer gestiones para facilitar el secuestro
de los diputados del Valle.
La segunda condena fue
contra Wílmer Vergara Garzón, un interno de la cárcel de Valledupar, quien se
inventó la versión de que un grupo de guardianes del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) le entregaron una importante suma de dinero
para asesinar al entonces representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, quien
en 2012 habría efectuado una visita a ese centro de reclusión.
Este año el asunto de
los falsos testigos ha producido nuevos hechos en la justicia. El ganadero y caballista
Carlos El Negro López, llegó a un acuerdo con la Fiscalía por el delito de
falso testimonio. López reconoció en el ente acusador que los testimonios que
entregó a la justicia para vincular a algunos miembros de las autodefensas en
el Casanare con el vicepresidente Germán Vargas Lleras no eran ciertos. El
acuerdo está pendiente de ser avalado por un juez, caso en el cual López
tendría que pagar una pena de cuatro años.
Otro personaje de la
política que ha tenido que afrontar declaraciones falsas es la excongresista
Nancy Patricia Gutiérrez, quien durante más de seis años tuvo que defenderse de
las declaraciones de un grupo de “testigos” que quisieron vincularla con grupos
de autodefensa en Cundinamarca. Hoy exonerada de varios procesos, reconstruyó su
vida y dirige Asocel, el gremio de las compañías de telefonía celular.
La investigación que
adelanta el grupo de Colciencias y que será presentada en los próximos días,
concluye que con la Ley de Justicia y Paz se incrementaron los falsos testigos.
Destaca que es insuficiente la infraestructura de la Fiscalía para llevar a
cabo la labor. Que la entidad sólo conformó un grupo de trabajo y no una unidad
como se requiere para investigar el tema y que son necesarios nuevos ajustes
normativos y legislativos en la materia.
En una petición del
pasado 21 de mayo, enviada a Alexandra Ladino Pinzón, fiscal jefa del grupo
para la investigación de falsos testigos, se le preguntó: “¿Existe algún
criterio de política criminal para enfrentar el hecho reconocido de la existencia
de un cartel de falsos testigos?”. La funcionaria respondió: “A la fecha, la
Coordinación del Grupo de Trabajo para la Investigación de Falsos Testigos no
ha reconocido la existencia del mal llamado “Cartel de Falsos Testigos”.