La Fiscalía le ocupó
propiedades por valor de $41.000 millones, que pasan a manos del Estado.
D Semana
El controvertido
empresario Emilio Tapia está pasando un duro momento. Después de disfrutar de
las mieles del éxito, mujeres, viajes, escandalosas rumbas y riqueza, ahora se
encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá por presunto lavado de
activos y ve cómo la Fiscalía lo despoja de su fortuna.
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| Foto Archivo |
La Fiscalía le ocupó 24
propiedades en distintas ciudades del país que pasarán a ser administradas por
el Estado. En total los bienes a nombre de Emilio Tapia y de sus presuntos
testaferros, entre ellos sus familiares más cercanos, están avaluados 40.633
millones de pesos.
Se trata de tres
apartamentos en Bogotá, dos fincas en Sahagún (Córdoba) una conocida como
Criadero Rancho la Fe (donde tenía sus preciados caballos) y un lote en Tabio
(Cundinamarca). También la Fiscalía frenó el accionar de 12 sociedades, algunas
de las cuales sirvieron para canalizar los anticipos de las obras civiles en
Bogotá sobre las que él tuvo el control y desde donde se giraban coimas a
servidores públicos.
En el caso de otras empresas
como Temach Equipos y Temach Groups, la Fiscalía encontró que si bien eran
sociedades que no figuraban a nombre de Tapia, las pruebas demuestran que sí
eran manejadas por el excontratista.
La Unidad Nacional de
Fiscalías para la Extinción de Dominio también confiscó costosos vehículos y
dineros en efectivo por 2.700 millones de pesos, producto del embargo de las
cuentas de Temach.
La operación para
localizar los bienes de Tapia inició desde abril de 2013 cuando arrancó la
extinción del derecho de dominio a 14 personas vinculadas con el ‘carrusel de
contratos’, desde la administración del entonces alcalde Samuel Moreno y
algunos contratistas.
Tapia está en la cárcel
desde el 25 de febrero de este año luego de ser capturado por la Fiscalía. El
ente investigador ha dicho que el excontratista desde el 2008 en diferentes
regiones del país de manera permanente invirtió en las empresas y les dio
apariencia de legalidad a dineros a través de sociedades creadas a nombre de
Carlos Augusto Joly Herrera y Jesús Davis Herrera.
El ente investigador
dijo que el excontratista ha administrado el dinero recibido producto de la
actividad ilícita, para luego ser llevado a cuentas en el exterior, o que
también se entregaba a diferentes funcionarios de las administración de Bogotá
de manera irregular.