Tomado de Semana.
El fin de un contrato
de arrendamiento amenaza con convertirse en un problema de Estado. La razón: el
inquilino afectado es Álvaro Uribe.
Al exmandatario se le
acaba de notificar que tiene que abandonar el apartamento que durante los
últimos cuatro años ha ocupado en Bogotá, que está ubicado dentro de un
complejo policial del norte de la capital y al que tenía derecho en su calidad
de expresidente.
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| Foto Archivo |
Según la policía, la
medida responde a que ya expiró el plazo contemplado para ese privilegio y el
apartamento puede ayudar a darle respuesta "a la necesidad imperiosa"
de satisfacer el bienestar de los oficiales a la espera de una vivienda.
Pero los partidarios
del máximo líder de la oposición colombiana afirman que detrás de la decisión,
que -según dicen- pondría en peligro la vida del líder del partido Centro
Democrático, habrían mezquinas motivaciones políticas.
"Me parece ésta
una decisión ruin que pone en peligro la vida del senador (Uribe). Aquí en
Colombia hacer oposición está cada vez más difícil para quienes estamos en
contra de Juan Manuel Santos", se quejó su colega de bancada, la senadora
Paloma Valencia.
"El expresidente
tendrá que irse quién sabe a dónde con las inseguridades que él enfrenta",
explicó Valencia.
Y todos coinciden que
encontrar una residencia segura para quien probablemente es el hombre más
amenazado de Colombia no será tarea sencilla.
Entre otras cosas
porque son muy pocos los que están dispuestos a tener como vecino a una persona
que para su protección necesita un esquema de seguridad de 140 hombres.
Apartamento "modesto"
Hasta el momento el
problema se resolvía con una vivienda ubicada dentro del complejo que alberga
al Centro de Estudio Superiores de la Policía (CESPO), donde también tiene su
residencia el alcalde Gustavo Petro y varios altos mandos policiales.
Y si bien el complejo
cuenta hasta con cancha de golf, los partidarios de Uribe describen su
apartamento de 70 metros cuadrados como "modesto", además de insistir
que el exmandatario siempre ha pagado por su arrendamiento.
Mientras que, en medio
de la polémica suscitada por la noticia, incluso algunos de sus principales
opositores le han pedido a las autoridades reconsiderar la medida.
"Hay que proteger
la vida del expresidente y si es necesario se debe permitir que siga en esa
residencia", declaró, por ejemplo, el senador del izquierdista Polo
Democrático Iván Cepeda.
Y en el mismo sentido
se expresaron varios diputados afines al gobierno.
La policía, sin
embargo, hasta el momento no ha dicho si está dispuesta a hacer una excepción a
lo establecido en la resolución 07211 del 2 de agosto de 2012, citada en la
notificación enviada al expresidente Uribe.
"Los Expresidentes
y Ex vicepresidentes de la República, tendrá (sic) derecho de adjudicación de
vivienda fiscal previa solicitud y la correspondiente prórroga del contrato se
dará por solicitud de los mismos sin que exceda cuatro (4) años", se
explica en la carta en la que "respetuosamente" le piden "al
Señor Senador Álvaro Uribe Vélez" realizar "las gestiones pertinentes
para entregar la vivienda fiscal que tiene asignada".
Pero afirman los
partidarios del exmandatario que, de no revertirse la medida, el senador podría
tener que desplazarse todas las noches hasta su casa particular en Río Negro,
Antioquia, ubicada a 226 kilómetros, en línea recta, de la capital y por
consiguiente de su curul en el Senado, pero a más de 400 kilómetros por
carretera.
"Yo hago personalmente responsable al presidente Santos
de cualquier evento de seguridad del expresidente Uribe", advirtió
Valencia.