De El espectador.
El Espectador conoció los autos de inició de extinción de
dominio contra los excabildantes Édgar Torrado y Orlando Parada y del actual
concejal Julio César Acosta.
La esperanza de que los
implicados en el carrusel de la contratación regresen los dineros que se
apropiaron después de manejar a su antojo la contratación distrital está
dejando de ser un sueño. Después de que la Fiscalía anunciara que embargaría
los bienes de Emilio Tapia, avaluados en casi $40.000 millones, y las
propiedades de nueve concejales y exconcejales que tendrían un valor de $20.000
millones, El Espectador conoció el auto de inicio de extinción de dominio de
tres de estos últimos procesos. Se trata de las decisiones contra el cabildante
Julio César Acosta y los excabildantes Orlando Parada y Édgar Torrado García, a
quienes las autoridades en las segunda semana de septiembre les quitarían los
inmuebles y les secuestrarían sus cuentas bancarias, así como también a sus
familiares.
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| Foto y texto de El espectador. |
El proceso más grande
que adelanta la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía
contra un exconcejal es el de Édgar Torrado, de quien tiene la sospecha, habría
logrado ocultar alrededor de $7.000 millones. A su vez, una de las más grandes
sorpresas, es que entre los familiares de Torrado que también resultaron
perjudicados con esta decisión está su hermano, el excongresista Efraín Torrado
—investigado por la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias—. Y es
que según lo reveló este diario, ambos hombres se habrían apoderado entre 2008
y 2009 de más del 30% de los contratos adjudicados por la Secretaría Distrital
de Integración Social (SDIS). En pocas palabras eran amos y reyes del negocio
de suministro de alimentos en Bogotá.
La Fiscalía le embargó
a Édgar Torrado seis sociedades que, según informes del CTI, serían las
cooperativas y empresas con las que los hermanos Torrado se apropiaron de
jugosos contratos. Las más conocidas por las autoridades son Internacional de
Negocios, la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversión y Cooprosperar.
Entre las pesquisas adelantadas por el ente investigador, se encontró que en
mayo de 2008, la primera de estas firmó un contrato por $8.800 millones y en
marzo de 2009 otro por $37.000 millones. La segunda ganó 14 licitaciones que
sumaban $6.790 millones. La última, Coopoerar, pertenecía a la Unión Temporal
Alimentación Solidaria, a la que se le adjudicaron en septiembre de 2008
$67.800 millones y en abril de 2009 $47.000 millones.
El último negocio —en
el que participaron Cooprosperar y Surcolombiana— se firmó en septiembre de
2009 por $49.000 millones. Es así, que a los hermanos Torrado, junto a uno de
sus socios principales, Luis Humberto Contreras, y un familiar, René Torrado
Hernández —estos dos últimos, al parecer, dirigían las cooperativas—, les
embargaron apartamentos en Bogotá y Cartagena. Al exconcejal Torrado le
secuestraron también nueve cuentas bancarias y 5.457 acciones relacionadas con
el Grupo Aval y Valores S.A. y que tienen un valor de $6.743.706.
En cuanto al exconcejal
Orlando Parada, quien está afrontando su juicio por, al parecer, haber recibido
coimas en contratos de la Unidad de Malla Vial (UMV), la Fiscalía inició
proceso de extinción sobre bienes que están avaluados en $5.500 millones.
Cuatro apartamentos a nombre del excabildante fueron embargados. También, dos
propiedades en el norte y el sur de Bogotá que estaban a nombre de su esposa,
María Elizabeth Jativa. Fuera de las cinco cuentas y ocho vehículos que también
le secuestraron a la sociedad Parada Jativa S.A. que tenía un valor capital de
$364 millones.
Parada ha sido uno de
los hombres más salpicados del carrusel de la contratación. “Es como mi
hermano. Hace más de 20 años que nos conocemos. Comenzamos a compartir y a
vivir las ilusiones de salir adelante con el tema profesional y político. Hasta
cuando llega el monstruo de la corrupción y nos atrapa. Participamos en una
empresa criminal”, fueron las palabras del abogado Manuel Sánchez, el principal
testigo en su contra y quien reveló los detalles de cómo, junto al exdirector
de la UMV, Iván Hernández, y el exconcejal Andrés Camacho Casado, se apropiaron
de todos los negocios de esa entidad. Además, como se lee en la resolución de
la Fiscalía: “el 27 de noviembre de 2009 fueron adjudicados dos contratos, uno
por $36.344 millones y otro por $337 millones (...) ambos fueron adjudicados al
mismo contratista por instrucción de Hipólito Moreno y Parada”.
El último de los
salpicados es el actual concejal Julio César Acosta Palacio (ver El concejal
Acosta se defiende), quien según la Fiscalía ha sido señalado por irregulares
manejos de contratos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, ya que la
hipótesis de las autoridades es que en la entidad se repartían contratos a dedo
que no superaban los $500 millones. A Acosta, quien llegó al concejo en 2008,
le van a embargar cuatro propiedades. Las dos primeras son una finca que
adquirió en agosto de 2004 en la vereda Caracol en Arauca y un predio en el
casco urbano del mismo municipio que compró en 2009.
Asimismo, le dictaran
medidas cautelares a una finca en Guaduas (Cundinamarca) de 40 hectáreas y un
apartamento en Bogotá. También llama la atención que entre los embargos de
Acosta están bienes de su esposa Andrea Carolina Olano —en los documentos de la
Fiscalía aparece como Andrea Constanza—. Se destacan los derechos fiduciarios
de una fracción de una casa ubicada en la Hacienda Sumapaz en Melgar (Tolima) y
1.000 acciones de AO Comunicaciones y Marketing S.A.S.
Estos son los nuevos
frentes de investigación en los que avanza la Fiscalía en el denominado cartel
de contratos. Hasta el momento los tres hombres que hicieron parte del
cuestionado Concejo durante la época del exalcalde Samuel Moreno tendrán que
justificar que sus propiedades no fueron adquiridas con dineros ilícitos. Sin
embargo, hasta nuevo aviso todos sus bienes estarán embargados y no se podrá
realizar ninguna actividad comercial sobre ellos. Aun faltan los autos de
inicio de otros seis concejales, y según dijo en días pasados el ente
investigador, el avalúo de todos estos inmuebles —alrededor de $20.000
millones— es catastral, por lo que el comercial superaría esta cifra con
creces.