ELTIEMPO
La Procuraduría General de la Nación criticó fuertemente al
proyecto de ley que promueve la Fiscalía General en el Congreso que integra
nuevas reglas de la extinción de dominio.
El procurador Alejandro Ordóñez planteó la preocupación
porque la norma ordena monetizar los bienes a lo que se les ha extinguido al
dominio y que están en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.
Para el jefe del Ministerio Público “no parece
constitucionalmente admisible que un mismo órgano decrete la extinción de un
bien para ser su directo beneficiario”.
Así mismo, Ordóñez manifestó sus reservas frente a la
concesión de beneficios a los testaferros, “dado que sería un claro
enriquecimiento ilícito y se pondría al Estado como promotor del testaferrato”.
Tal como lo reveló EL TIEMPO hace una semana, el proyecto
incluye una gabela para los testaferros que les permitiría quedarse hasta con
el seis por ciento de los bienes ilegales si se acogen a sentencia anticipada y
colaboran con la justicia.
Esta crítica se suma a la que ya hizo el ministro de
Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien también le hizo grandes reparos a la
iniciativa del fiscal Montealegre.
"Habría que ver hasta qué punto hemos sido exitosos en
conseguir una mayor eficacia sacrificando justicia -dijo el ministro-. Yo
preferiría tener un Sistema Penal mucho más eficaz desde el punto de vista de
la investigación criminal para fortalecer el aparato investigativo, para que la
Fiscalía no tenga que contentarse con lo que buenamente quieran decir, delatar
o entregar”.
En el mismo sentido, Gómez Méndez expresó sus dudas sobre
otros mecanismos de justicia premial y llamó a hacer una evaluación sobre la
aplicación del principio de oportunidad (mecanismo que permite suspender
investigaciones penales a quienes colaboren con la justicia) en la
desarticulación de organizaciones criminales.
También señaló que podría ser inconveniente la distribución
de recursos provenientes de extinción de dominio que plantea el proyecto, según
el cual, la Fiscalía se quedaría con el 50 por ciento de los bienes sobre los
que finalmente se extinga el dominio. Algunos sectores consideran que esa
medida podría afectar los recursos para la Ley de Víctimas.
