Dos jueces de la República, un secretario de juzgado, siete
empleados de la rama judicial y un estudiante de derecho fueron capturados en
una operación realizada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la
Nación por hacer parte de una banda dedicada a influir en las asignaciones de
los procesos penales hacia varios juzgados con el fin de favorecer a los
imputados.
La organización operaba en el Centro de Servicios Judiciales
de Paloquemao, en Bogotá, el mayor complejo de jueces del país, donde empleados
de la rama se ponían de acuerdo con particulares y abogados defensores para que
ciertos proceso llegaran determinados jueces.
Por influir en el reparto de las audiencias, los vinculados
con la red pagaban sumas millonarias en cada diligencia judicial. Así, los
jueces asignados otorgaban libertades indebidamente, ordenaban preclusiones sin
cumplir los requisitos legales, sustituciones de medidas de aseguramiento sin
justificación jurídica y negativas de emitir órdenes de captura sin que el
beneficiario tuviese derecho a ellas cuando realmente ameritaba una detención
intramural, entre otras determinaciones ilegales.
El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett,
explicó que “los hechos que investigó la Fiscalía con la muy eficaz ayuda de la
Policía Nacional consisten en que a través del Centro de Servicios
Administrativos de Paloquemao se estarían direccionando ciertos procesos hacia
determinados jueces de control de garantías con la presunta finalidad que estos
se produjeran decisiones manifiestamente contrarias a la ley.
“También se investiga sobre la posible entrega de millonarias
sumas de dinero a estos funcionarios. Esta primera fase abarca a estos once
funcionarios judiciales; pero la Fiscalía adelanta acciones simultáneas para
determinar si existe o no vinculación de abogados de algunos sujetos
procesales. Es un hecho muy grave de corrupción muy específico en la rama
judicial”.
En la operación, las autoridades emplearon mecanismos como
interceptación de comunicaciones, búsqueda selectiva en bases de datos,
inspecciones, agentes encubiertos, seguimientos y otras acciones.
Por su parte, el director general de la Policía Nacional,
general Rodolfo Palomino, dijo que para la entidad que dirige es satisfactorio
haber efectuado este trabajo conjunto con la Fiscalía. “Se pusieron al servicio
de este proceso investigativo sistemas especiales de recolección de evidencias
que han concluido con estas órdenes de captura. La Policía ha hecho este
acompañamiento al proceso investigativo”.
Estas personas fueron puestas a disposición de un juez de
control de garantías, pues habrían cometido los delitos de concierto para
delinquir, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción
agravado, concusión, cohecho por dar u ofrecer, revelación de secreto y tráfico
de influencias.
La investigación se realizó durante un año en el cual la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Policía Nacional y la
Fiscalía General de la Nación trabajaron mancomunadamente para acabar con este
foco de corrupción en la rama judicial.
El Fiscal Montealegre dijo que continuarán la indagación para
determinar cuáles fueron las decisiones que se produjeron en este caso para
favorecer a ciertos sujetos procesales, “precisaremos la actividad de las
partes en esos casos y de dónde surgió el dinero para los pagos”.
