*Las cuentas bancarias de la Industria Militar fueron
embargadas por el municipio de Barrancas (Guajira) y aunque un fallo de tutela
ordenó levantar el embargo de manera transitoria, subsiste el riesgo de una
acción cautelar definitiva.*El embargo haría inviable económicamente a INDUMIL.
La Contraloría General de la República pidió a la Industria
Militar INDUMIL que, en aplicación de una reciente tutela que se falló a su
favor, ejerza las acciones jurídicas y administrativas necesarias para evitar
de manera definitiva un embargo por más de $284.000 millones, por un cobro
coactivo que está haciendo el municipio de Barrancas contra la empresa
Cerrejón.
Este embargo haría inviable económicamente a INDUMIL y
generaría de paso un eventual detrimento al patrimonio público del Estado.
Una deuda tributaria de Carbones del Cerrejón Ltda llevó a la Tesorería del Municipio de
Barrancas a embargar las cuentas bancarias de INDUMIL, hasta por $284.000
millones, al considerar a la empresa
estatal como "deudor subsidiario".
Ante la imposibilidad de efectuar el cobro coactivo a la
empresa Cerrejón, la Tesorería Municipal de Barrancas decidió vincular a
INDUMIL argumentando que esta entidad debe cumplir las obligaciones legales de
la sociedad Cerrejón conforme al artículo 798 del Estatuto Tributario.
Con la autorización de INDUMIL, la empresa Cerrejón produce
explosivos para utilizar en sus actividades de extracción de carbón, lo que el
municipio de Barrancas considera una actividad industrial por la cual
anualmente se debe rendir declaración tributaria.
Una vez fueron ordenados y hechos efectivos los embargos
contra sus cuentas bancarias, INDUMIL, alegando violación al debido proceso,
interpuso una acción de tutela contra el municipio de Barrancas, que fue
fallada a su favor por el Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas.
La juez Glexi Choles Alvarado ordenó al municipio de
Barrancas suspender el trámite del proceso coactivo contra INDUMIL y levantar
las medidas cautelares en su contra, por el término de 4 meses.
Es aquí donde se produce la intervención de la Contraloría
General de la República con una Función de Advertencia donde solicita a INDUMIL
ejercer durante este tiempo los mecanismos judiciales a su alcance para
salvaguardar los recursos en riesgo de embargo.
La Contraloría General de la República encontró procedente
hacer uso de la Función de Advertencia como instrumento de carácter técnico,
preventivo y proactivo a la Industria Militar, para que lleve a cabo todas las
acciones jurídicas y administrativas correspondientes para controvertir las
acciones presuntamente irregulares advertidas en el proceso de cobro coactivo
del municipio de Barrancas contra el Cerrejón y ejercer el derecho fundamental
del debido proceso a fin de evitar de manera definitiva el embargo por más de
$284.000 millones, que haría inviable económicamente a la empresa y generaría
de paso un eventual detrimento al patrimonio público del Estado.
El pasado 1 de octubre, mediante un oficio escrito, el
gerente general de INDUMIL, General (r)
Gustavo Matamoros Camacho, puso en conocimiento de la Contralora General de la
República, Sandra Morelli Rico, lo que llamó "los hechos irregulares"
que se han presentado en el proceso de jurisdicción coactiva que adelanta el
municipio de Barrancas en contra de la sociedad carbones del Cerrejón Ltda por
una deuda de impuestos.
Según el gerente de INDUMIL, "sin que mediara proceso
previo alguno contra INDUMIL se decretó la medida de embargo de todas las
cuentas bancarias de INDUMIL, calificándolo erróneamente como deudor
subsidiario hasta por un monto de $284.564 millones".
"De hacerse efectivas dichas medidas no solo será un
gran detrimento patrimonial para el Estado sino que se hará inviable el
funcionamiento de la industria militar", sostiene el General Matamoros en
la comunicación que dirigió a la Contralora Morelli.