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martes, 22 de octubre de 2013

PROCURADURÍA CITÓ A AUDIENCIA PÚBLICA AL ACTUAL GOBERNADOR


Por presunta participación en las etapas precontractual y contractual relativas a la suscripción y ejecución de un convenio .La audiencia se cumplirá el próximo 29 de octubre en la sede principal de la Procuraduría, piso 4, a partir de las 9:00 de la mañana.

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública verbal a los señores Víctor Isidro Ramírez Loaiza, William Ramón Montoya, Luis Eduardo Campo Castilla y Yinna Paola Hoyos Ospina, en sus calidades de gobernador, secretarios de Salud y Gobierno y directora de Salud Pública del departamento de Caquetá, respectivamente, por presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución de un convenio de asociación.
Al parecer, el señor Ramírez Loaiza suscribió el convenio nro. 009 de 2013 con una empresa privada con el objeto de “impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan de Desarrollo Departamental 2012–2015”, desconociendo los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal y eludiendo la aplicación de los procedimientos contractuales pertinentes.
Considera el Órgano de Control que el gobernador pudo haber incurrido en conducta irregular constitutiva de falta disciplinaria, por omitir el deber de velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones en materia contractual delegadas en sus secretarios de despacho mediante el Decreto 0036 el 24 de enero del presente año.
Los dos secretarios de despacho, William Ramón Montoya y Luis Eduardo Campo, podrían ver comprometida su responsabilidad disciplinaria por la aparente falta tipificada en el artículo 48 de la ley disciplinaria, al suscribir, perfeccionar y ejecutar el mismo contrato del gobernador, pese a que la naturaleza del convenio y su objeto no permitían acudir a la modalidad contractual utilizada.  A esto se suma que la entidad privada seleccionada para ejecutar el objeto contractual carecía de idoneidad y experiencia.
La señora Hoyos Ospina, como directora de Salud Pública, deberá responder por la presunta responsabilidad en la conducta de omitir el deber de exigir su rol de coordinadora del equipo de supervisión del mencionado convenio.


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