YESID LANCHEROS |
Procuraduría considera "gravísimas" tres faltas que
Petro habría cometido en nuevo modelo de aseo
Con el cierre de la investigación disciplinaria que cursa en
su contra en la Procuraduría General de la Nación, la suerte del alcalde de
Bogotá, Gustavo Petro, está echada.
La cuenta regresiva para conocer el fallo del organismo de
control –que lo investiga por las presuntas irregularidades del nuevo modelo de
basuras– ha empezado. Y la primera consecuencia es una cascada de especulaciones
sobre el futuro de la ciudad a corto plazo, dependiendo de la decisión que tome
Alejandro Ordóñez. (Vea: Recordando el paso de EL TIEMPO... Gustavo Petro).
En el palacio Liévano hay pesimismo e incertidumbre entre
algunos funcionarios, quienes ya tocaron las puertas de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para reclamar la atención internacional. Por
su parte, los petristas están a la expectativa y vienen siendo convocados a
marchas a favor del mandatario en las próximas semanas.
Aunque las coyunturas son totalmente distintas, lo que
empieza a vivir Bogotá se asemeja a lo ocurrido durante el primer semestre del
2011, cuando los habitantes se preguntaban insistentemente por la suerte que
correría Samuel Moreno Rojas. El entonces alcalde, del Polo Democrático, fue
suspendido por el descalabro en las obras públicas en mayo del 2011, y,
posteriormente, en septiembre de ese mismo año, un juez lo envió a la cárcel
por el ‘carrusel’ de la contratación.
¿Será destituido?
Dos años después y tras el fin de la etapa investigativa en
la Procuraduría, al mundo político y a la ciudadanía los asalta la misma duda
de aquel entonces: ¿qué va a pasar ahora?
“No he escuchado una sola versión de que el fallo va a ser
absolutorio. Lo que pasa es que en manos de este Procurador no hay opción de
que haya imparcialidad”, dijo Guillermo Asprilla, exsecretario de Gobierno,
destituido por la Procuraduría y hombre de confianza de Petro. Agregó que una
eventual destitución del mandatario configuraría “la crisis más grande de la
democracia colombiana desde 1991” y anotó que sería “la madre de todas las
injusticias”.
Pero ¿qué tan probable es, desde el punto de vista jurídico,
que el alcalde Petro sea destituido? Un análisis del pliego de cargos expedido
el pasado 20 de junio por el procurador delegado Juan Carlos Novoa Buendía
–quizá el principal pupilo del procurador Ordóñez en sus épocas en la
Universidad Santo Tomás de Bucaramanga– arroja muchas luces y da pistas.
A lo largo de las 259 páginas queda claro que el organismo de
control tiene elementos suficientes para que el Alcalde sea retirado de manera
definitiva de su cargo, pues considera sus tres faltas como “gravísimas” y dos
de ellas cometidas a título de “dolo”. Todo a causa de las presuntas
irregularidades cometidas en el nuevo esquema de recolección de las basuras,
vigente desde el 18 de diciembre del año pasado. Petro es considerado el
“determinador” de esto.
En concreto, la Procuraduría afirma que el mandatario ordenó
que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y su filial,
Aguas de Bogotá, asumieran la prestación del servicio de aseo sin tener la
experiencia y la capacidad requeridas. Eso provocó una crisis durante los días
18, 19 y 20 de diciembre del 2012, cuando muchas zonas de Bogotá se vieron inundadas
de bolsas de basura y se dispararon las quejas de la ciudadanía. Igualmente, el
mandatario es cuestionado por haber autorizado volquetas ante la falta de
compactadores, lo cual –a juicio del organismo de control– “originó un riesgo
grave para la salud humana de los habitantes”.
“Hubo fallas gerenciales, pero difícilmente se pueden
convertir en faltas disciplinarias”, aseguró el concejal Carlos Vicente de
Roux, de Progresistas. “Forzando las cosas, quizá pueda darse una suspensión
del Alcalde, pues no hay fundamento para comprobar que hubo dolo en sus
conductas”, añadió.
El factor Ordóñez
¿Se le medirá el Procurador a la destitución de Petro? ¿Tiene
el arrojo para ello? Si algo se ha comprobado recientemente es que a Ordóñez no
le tiembla el pulso y ha sancionado a decenas de congresistas (22),
gobernadores (16) y alcaldes y exalcaldes (más de 800). Su firma enterró, por
ejemplo, la posibilidad de que figuras como Piedad Córdoba y el exalcalde de
Medellín Alonso Salazar ejerzan cargos públicos.
Al hablar de una eventual suspensión o destitución, Antonio
Navarro Wolff, líder de Progresistas y quien acompañó al Alcalde en el arranque
de su gabinete, afirmó que “aunque es muy difícil especular, evidentemente
podría pasar algo y hay rumores”. “Pero más que arrojo o no de Ordóñez, el
punto es si es correcto destituir a una persona por falta de planeación, aunque
el Código Disciplinario lo permita. En el caso de la Alcaldía de Bogotá no se
pone en duda la transparencia de la gestión, sino la presunta falta de planeación”,
manifestó Navarro Wolff.
Dijo que Progresistas, por ahora, no ha discutido qué hacer
ante una destitución de Petro, teniendo en cuenta que la ciudadanía, en ese
caso, sería convocada a elecciones atípicas para escoger a su sucesor(a) por
dos años. En caso de una suspensión, Progresistas enviaría una terna al
presidente Juan Manuel Santos, de donde saldría el reemplazo temporal del
Alcalde.
Sin duda, una suspensión o destitución del alcalde Petro
causaría un trauma político en Bogotá, que vería caer a un segundo alcalde en
dos años y cuya salida podría incluso tener algún efecto en las elecciones del
2014.
El exalcalde Jaime Castro, uno de los principales opositores
de Petro, dijo, sin embargo, que esto no tendría problemas para la ciudad.
“Al contrario. Esta Administración no tiene brújula. Con las
renuncias constantes, este gobierno se desmorona como un terrón de azúcar
–sostuvo Castro–. Hay una frase del exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg
que le cae como anillo al dedo a Petro por esta época: 'A los alcaldes no nos
corresponde hacer ideología, sino recoger las basuras' ”.
YESID LANCHEROS
REDACTOR DE EL TIEMPO