El juez 52 penal municipal de Bogotá, con función de control
de garantías, por solicitud de la Unidad de Investigaciones contra Funcionarios
de la Rama Judicial, cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento
carcelario a un juez de control de garantías
y otros 7 funcionarios judiciales que son investigados
por incurrir presuntamente en acciones ilícitas en el desempeño de sus
funciones.
Los imputados, quienes
no aceptaron los cargos, incurrieron en graves delitos, más aún cuando todos
son servidores de la rama judicial y eran conocedores plenos de que su
actuación se hallaba por fuera de las normas estipuladas en la ley, explicó el
fiscal que les imputó cargos.
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Por su parte, el funcionario que decretó las medidas de
aseguramiento indicó que algunos de los imputados dirigían los procesos para
que el juez asegurado favoreciera a quienes pagaban por un beneficio, tal como
ocurrió en una audiencia adelantada el 30 de julio de este año, cuando se otorgó
el beneficio de prisión domiciliaria a
un detenido que canceló una suma millonaria para lograr la
excarcelación.
La investigación adelantada usando agentes encubiertos,
interceptaciones telefónicas y
fotografías permitió conocer la forma
como operaba la red, indicó la Fiscalía. En otra ocasión, aseguraron durante la
diligencia judicial, se hizo el cobro de 13 millones de pesos por trasladar un
preso de un centro carcelario a otro.
Durante la audiencia, el ente acusador afirmó que la falta en
la que incurrieron los servidores judiciales fue gravísima, por lo cual son
considerados un peligro para la comunidad y en especial para la recta
administración de justicia.
Al final de la audiencia fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario el
Juez 26 penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías,
Ricardo del Cristo Rodríguez Vilar, y
los funcionarios judiciales Alejandro Francisco Navas Flores, Carmen
Alicia Garzón Pinto, Daniel Esteban
Hurtado Rey, Jaime Eduardo Camargo Lucero, Javier Yesid Español
Palacios y Manuel Humberto
González Cuéllar.
Contra Ana Adelina Corredor, asistente del juzgado 26, el
juez le concedió la detención domiciliaria por
tener una hija con parálisis cerebral.
A estas personas les imputaron los delitos de concierto para
delinquir agravado en concurso homogéneo y sucesivo con prevaricato por acción
agravado, en concurso con falsedad ideológica en documento público en concurso
con concusión agravado en concurso con
tráfico de influencias, en concurso con cohecho y
revelación de secretos.
En su decisión, el juez 52 de garantías se abstuvo de imponer
medida de aseguramiento contra el juez 38, Francisco Javier Barbón López, y los
asistentes del centro de servicios Marvin Quecano Urueña y Manuel Velásquez
Ayala, quienes quedaron en libertad.