En manos del Consejo de Estado quedó la decisión final frente
a la llamada muerte política de la ex senadora Piedad Córdoba, luego de que la
Corte Constitucional le diera la razón a la Procuraduría respecto de su
competencia para investigar y sancionar a funcionarios elegidos por voto
popular.
Así lo explicó el presidente de la Corte Constitucional,
magistrado Jorge Iván Palacio, al explicar que en la acción de tutela
interpuesta hace dos años por la dirigente política se cuestionó la competencia
del Procurador General de la Nación para investigar y sancionar a los
congresistas, y no la validez de las pruebas con las que fue destituida e
inhabilitada durante 18 años.
“Según el artículo 277 de la Constitución, el Procurador
General sí es competente para ejercer la vigilancia superior de las funciones
desempeñadas por los congresistas, en su calidad de servidores públicos y
miembros de una corporación pública de elección popular, para lo cual puede
adelantar las investigaciones e imponer las sanciones disciplinarias definidas
en la ley”, señala el fallo.
El Presidente de la Corte agregó que durante los dos años de
estudio de la tutela, la corporación debatió la competencia del Ministerio
Público frente a los funcionarios de elección popular, y no la validez de las
pruebas que fundamentaron el fallo del procurador Alejandro Ordóñez para
destituirla e inhabilitarla.
“Esta decisión se circunscribe únicamente a los problemas
jurídicos examinados, de manera que no comprende la valoración sobre aspectos
de orden procedimental, sustantivo, probatorio o de cualquier otra índole
relacionados con el trámite disciplinario seguido en contra de la accionante,
ni versa sobre la eventual invalidez de las pruebas recaudadas o la
proporcionalidad de las sanciones impuestas a la peticionaria, asuntos que,
además de no haber sido objeto de reproche en sede de tutela, habrán de ser
debatidos al interior del proceso contencioso administrativo que se encuentra
en trámite en el Consejo de Estado”, manifestó Palacio.
Quiere decir, que será el Consejo de Estado quien estudie la
validez de las pruebas de la Procuraduría con relación al fallo en contra de
Córdoba Ruiz.