El Consejo de Estado ordenó práctica de
pruebas presentadas en la demanda que pide la “muerte política” del
expresidente del Senado.
RCN Radio conoció el
auto de cuatro páginas por medio del cual el Consejo de Estado ordenó la
práctica de pruebas dentro de la demanda de pérdida de investidura presentada
contra el senador Ernesto Macías Tovar por presunto conflicto de intereses.
El despacho del
magistrado Oswaldo Giraldo López avaló las peticiones presentadas por el
demandante y la defensa del expresidente del Senado y ordenó recolectar una
serie de elementos materiales probatorios documentales y testimoniales para
tomar una decisión en esta acción que busca la “muerte política” del
congresista del Centro Democrático.
Entre las pruebas se
encuentran los videos completos de la sesión celebrada el 29 de abril de 2019
en la cual se discutieron los impedimentos de un grupo de congresistas para
participar en el debate de las seos objeciones presidenciales a la ley
estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Igualmente se solicitó
escuchar la declaración del Secretario General del Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco “para que exponga sobre el trámite dado a la recusación
promovida en contra del congresista acusado así también en relación con la
votación verificada para la reapertura del impedimento del senador Carlos
Felipe Mejía”.
El magistrado ponente
igualmente pidió el acta de posesión emitida por la Secretaria General del
Senado por medio de la cual se avaló la posesión de Ernesto Macías Tovar como
congresista para el período constitucional 2018-2022.
El demandante indica
que pese a que el senador Carlos Felipe Mejía se había declarado impedido en un
primer momento para participar en el debate de la JEP participó activamente en
las sesiones en las cuales se analizaron las objeciones presidenciales
presentadas por el presidente Duque a siete artículos de la ley estatutaria de
esta justicia especial.
En la sesión del 29 de
abril, se señala, el entonces presidente del Senado omitió el impedimento que
había señalado Mejía y lo dejó participar en el respectivo debate, situación
que para el accionante representa un conflicto de intereses.
“Una vez practicadas
las pruebas decretadas, se fijará fecha y hora para la audiencia pública de que
trata el artículo 11 de la Ley 1881 de 2018”, señala uno de los apartes del
fallo. Esta decisión ya le fue notificada formalmente al delegado de la
Procuraduría General, al senador del Centro Democrático y al demandante.
Fuente: RCN Radio