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sábado, 27 de enero de 2018

‘CARTEL DEL SIDA’: PROCURADURÍA IDENTIFICA MÁS DE UN CENTENAR DE INCONSISTENCIAS


Son más de 100 las evidencias que ha descubierto la Procuraduría General de la Nación sobre inconsistencias en los registros de pacientes con VIH sida, que fueron supuestamente atendidos por el programa de salud de la Caja de Compensación Comfacor en Córdoba, en lo que se conoce como el ‘cartel del sida’.
Así lo señalaron voceros del Ministerio Público que indicaron que el Grupo Élite Anticorrupción y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales identificaron en los registros de atención a pacientes fallecidos o inexistentes.
Según las fuentes, “entre los documentos que son evaluados figuran reportes del programa de salud de la Caja de Compensación, contratos y listados de las IPS que operan en Córdoba y en especial de las que reportan la atención de 696 pacientes con VIH sida, y documentación remitida al Ministerio de Salud”.
No obstante, el organismo de control afirmó que le preocupa la pérdida de más de 60 bultos con facturas de recobros por servicios no POS, que fueron sustraídos de la Caja de Compensación Comfacor.
Este caso ocurrió el sábado 23 de diciembre a las 7 de la mañana, según lo registran videos de cámaras de seguridad en poder de las autoridades.
Suspensión
Así mismo, por solicitud de la Procuraduría, la Secretaría de Desarrollo de la Salud en Córdoba suspendió el proceso de selección de la firma auditora que tendrá a su cargo autorizar pago por recobros no POS entre 2010 y 2015. La cartera del departamento asciende a 40.000 millones.
La Secretaría acogió la recomendación luego de que el ente de control advirtiera la carencia de estudios de mercado que validaran la toma de decisiones.
Investigación.
Por su parte el viceprocurador Juan Carlos Cortés González anunció la decisión de investigar a la gerente y la junta directiva de la ESE Hospital San Jerónimo de Córdoba por modificar en diciembre la planta de personal, pese a la prohibición del artículo 38 de la Ley de Garantías, que entró en vigencia el 11 de noviembre de 2017.

Finalmente señaló que el Ministerio Público, agotada la etapa probatoria, evalúa la eventual formulación de cargos al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile; al exgobernador Alejandro Lyons, y los secretarios de salud Edwin Preciado y José Jaime Pareja, por la contratación de neuroterapias.

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