Supuestamente cobraban por los contratos para
campañas de prevención de salud a niños, mujeres embarazadas y ancianos, que no
se cumplían
La Fiscalía General de
la Nación vinculó formalmente a un proceso penal a ex funcionarios públicos y
empleados de la IPS indígena Matsuldani, como presuntos integrantes de un
cartel de la salud que se habría lucrado ilícitamente de los programas de
prevención y atención de salud, por valores superiores a los 2.300 millones de
pesos en el municipio de Cumaribo (Vichada).
La investigación se
originó tras el informe entregado por el Superintendencia Nacional de Salud y
el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República el 12 de
febrero de 2016, sobre actos irregulares en la contratación y la prestación de
servicios de salud en el departamento.
Entre las personas
privadas de la libertad está Arnulfo Romero Pardo, alcalde de Cumaribo entre 2011 y 2015, quien
deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido
en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de los requisitos
legales y peculado por apropiación agravado.
Del mismo modo, la exsecretaria de Desarrollo
Social del municipio, Leidy Yurani Plazas Barreto, judicializada por los
delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de
contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
También se encuentra la
subgerente de IPS indígena Matsuldani, Deisy Solano Herrera, a quien se le
imputaron los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad ideológica
en documento privado y peculado por apropiación.
Asimismo, el
coordinador de esa IPS, Haider Puertas Lombana, procesado por concierto para
delinquir, peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad material en
documento público.
Las investigaciones
adelantadas por los servidores del CTI de la Fiscalía, fundamentadas en los
resultados de las visitas hechas por los delegados de los entes de control y auditorías a las
diferentes entidades de salud de Cumaribo, en mayo de 2015, evidenciaron
diferentes anomalías en la prestación de los servicios de salud.
Por ejemplo, se
hallaron deficiencias en los procesos y programas de gestión administrativa
dentro de la institución, por la inadecuada y sospechosa gestión de los
recursos destinados a la prestación de
los servicios en las vigencias de 2014 y 2015.
El CTI recaudó
documentación de usuarios con enmendaduras, tachaduras y listados sin firmas.
Aparecen identificados
menores de edad enlistados en otras poblaciones del departamento de Neiva como
beneficiarios de programas de nutrición.
Igualmente, el fiscal
del caso afirmó, al solicitarle al juez la privación de la libertad, que se
detectó la insuficiencia en la capacidad operativa profesional para ejecutar
las actividades programadas.
“La utilización de las
mismas fotografías en los informes de gestión de los diferentes meses para los
resguardos indígenas, así como el uso de fotos que no se encuentran debidamente
justificadas respecto a las actividades realizadas”, anotó.
De otro lado, a través
de las inspecciones realizadas a la IPS indígena Matsuldani, se reveló que
facturaban tarros de leche traídos de Venezuela sin los registros de salubridad
del Invíma, y los soportes de la ejecución de programas tenían enmendaduras o
no existían.
La Fiscalía indicó que
funcionarios entrevistados bajo juramento afirmaron que había almacenamiento
inadecuado de medicamentos parasitarios y para el tratamiento de la
tuberculosis.
“Los almacenamientos de
residuos hospitalarios son inadecuados, los desechos tóxicos están expuestos al público”,
testificaron.
Además se evidenció que
para las vacunas, las cadenas de frío no se cumplen y algunos lotes de estas
vacunas se transportan en lanchas, en termos que no tienen las normas de
sanidad y refrigeración.
En consecuencia, para
la Fiscalía, es el reflejo de una empresa criminal, al parecer liderada por el
señor Fabio Alexis García, representante legal de la IPS Matsuldani y sobre
quien pesa una orden de captura emitida por el Juez 81 Penal Municipal de
Bogotá con función de garantías, por actos de corrupción en este municipio.
“Todas estas personas
ya mencionadas lograron la cooptación del Estado en un andamiaje criminal
llevándose los recursos en este municipio”, sostuvo la fiscal delegada en el
caso al justificar la medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual
se hará efectiva en la cárcel El Buen Pastor y en el pabellón de funcionarios
públicos de la Cárcel Distrital de Varones en la capital del país.
Prensa Fiscalia.