El juez 42 de control
de garantías tumbó por segunda oportunidad el principio de oportunidad firmado
entre la Fiscalía General y el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía
General, Luis Gustavo Moreno dentro del proceso que se adelanta por el
denominado “cartel de la toga”.
En la audiencia
celebrada este jueves, el funcionario judicial consideró que el documento
firmado entre Moreno y el ente investigador no cumplía con todos los requisitos
exigidos por la ley en este tipo de casos, hecho por el cual rechazó lo pactado
entre las dos partes.
“Existen
inconsistencias a efectos de otorgar el aval legal y constitucional del
principio de oportunidad, debido a que no se ha facultado al fiscal Tercero
Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jaime Camacho, como designado por
el Fiscal General, para solicitar el principio de oportunidad sobre el radicado
conocido como el proceso por el “cartel de la toga”, manifestó el juez.
En ese sentido, explicó
que los procesos de Luis Gustavo Moreno se dividen en tres partes: lo
adelantado ante la justicia de Estados Unidos y la extorsión al exgobernador de
Córdoba Alejandro Lyons; las investigaciones de la justicia colombiana, sobre
lo cual únicamente el principio de oportunidad puede ser verificado sobre los
procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el ex fiscal Luis
Gustavo Moreno al respecto del ‘cartel de la toga'”.
Adicionalmente, el juez
manifestó que el despacho “no puede otorgar un principio de oportunidad sobre
las conductas delictivas mencionadas contra el ex fiscal, pero la ley no
establece negociaciones sobre delitos que no han sido establecidos por la
Fiscalía en el mismo trámite de negociación. Razón por la cual el despacho no
accede a la petición elevada por la Fiscalía”.
Finalmente le hizo un
llamado de atención a la Fiscalía para que “a las diligencias relacionadas con
el proceso penal sobre el cual se investiga a Luis Gustavo Moreno, el exfiscal
comparezca a las audiencias que son de su interés, y sobre las cuales, la
Fiscalía debe ejercer control formal para que el procesado esté presente de
manera presencial o virtual”.
El ente investigador
solicitaba que se frenara la persecución penal durante 12 meses en contra de
Moreno por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de
influencias y uso indebido de información privilegiada, esto a cambio de
colaboración con las autoridades en las investigaciones por este escándalo de
corrupción.
La Fiscalía General
tuvo que replantear el principio de oportunidad luego que el pasado 16 de
enero, la jueza 23 de control de garantías tumbará la negociación al considerar
que existían errores de fondo en el documento firmado con el exfiscal Moreno.
En la investigación en
contra de Luis Gustavo Moreno se advierte que cuando fungía como abogado
penalista al parecer favoreció la manipulación de procesos dentro de la Corte
Suprema de Justicia, cobrando millonarias comisiones a congresistas para
desviar los procesos que se adelantaban en el alto tribunal.
La información que el
ex fiscal anticorrupción entregaría, estaría relacionada con los pagos de los
congresistas Musa Besaile por 2.000 millones de pesos, Álvaro Ashton por $1.200
millones; Julio Manzur por 2.000 millones de pesos y al exgobernador del Valle
del Cauca, Juan Carlos Abadía.