Las órdenes de la Corte Constitucional han sido claras desde
el 2014 cuando emitió la primera sentencia que obliga al Ministerio de
Telecomunicaciones reubicar a 864 extrabajadores de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones-Telecom- que perdieron su empleo cuando se ordenó el cierre
de la compañía.
Tres años después, la Corte Constitucional lanzó un
ultimátum al Ministerio para que en un máximo de tres meses se presente un plan
de reubicación para los extrabajadores, se realice una oferta de empleo con
tareas similares o equivalentes a las que desempeñaban en la empresa.
Además ordena que cada cuatro meses se informe al alto
tribunal sobre los avances del plan de reubicación, pues para la Corte es claro
que al momento de liquidarse la compañía estas personas estaban en un especial
estado de vulnerabilidad.
En diálogo con RCN Radio, Nohema Martínez, exempleada de
Telecom, pide la reubicación puesto que la liquidación de la compañía la
perjudicó laboralmente. Recordó que ella es madre cabeza de familia y debe
encargarse de todos los gastos de su hogar.
“Que nos reubiquen con al menos las mismas condiciones
laborales, esto es un contrato de trabajo, hacíamos parte de una convención
colectiva que tiene sus arraigos en los Tratados Internacionales de la OIT”,
señala Martínez al reclamar sus derechos.
Dice que pueden trabajar en otras empresas como comisión de
servicios: “nosotros podemos recibir los cargos e ir a trabajar a la empresa
donde ellos quieran y obtener nuevamente los trabajos”.
Sin embargo, el Ministerio le respondió a la Corte
Constitucional que los cargos que desempeñaban estas personas ya no existen.