La Fiscalía les imputó los delitos de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en beneficio de
terceros, falsedad en documento público y fraude procesal
En audiencias de control de garantías, la Fiscalía imputó
cargos al exsecretario de Gobierno de la Gobernación del Meta en 2013,
brigadier general en retiro Daniel Ernesto Castiblanco Mendoza; a la
contratista Angélica Solangi Chávez León; y al exgerente de una entidad
bancaria, Raul Alberto Gasca, por presuntas anomalías en la celebración de un
contrato para la adquisición y dotación de equipos especializados portátiles
(morpho-rap) que facilitarían a las autoridades la verificación de antecedentes
judiciales.
En la diligencia, la Fiscalía señaló que el contrato fue
adjudicado a la firma Tecnología Informática Oriental Tio Ltda., a sabiendas
que el objeto no se podría cumplir porque los equipos eran obsoletos e
imposibles de conseguir.
Adicionalmente, se constató que esta limitación era conocida
y se habría pasado por alto porque el contrato finalmente se firmó y fue pagado
un anticipo de 50%, es decir, $689’000.000 del valor total que ascendía a
$1.379’184.000.
Respecto al exgerente de la entidad bancaria, la Fiscalía
encontró una posible falsedad relacionada con un certificado de capacidad de
endeudamiento que entregó a Tecnología Informática Oriental Tio Ltda., para que
la Gobernación de Meta le asignara el contrato como único proponente.
Por estos hechos, los procesados fueron imputados por los
delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por
apropiación en beneficio de terceros, falsedad en documento público y fraude
procesal.
Luego de escuchar y analizar los elementos probatorios, el
juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la
libertad en los lugares de residencia al brigadier general retirado de la
Policía Nacional Daniel Ernesto Castiblanco Mendoza; y a la representante legal de la firma
Tecnología Informática Oriental Tio Ltda., Angélica Solangi Chávez León.
Por su parte, al exdirectivo bancario, Raul Alberto Gasca,
el juez impuso medida no privativa de la libertad consistente en presentarse
los últimos viernes de cada mes ante la Fiscalía que lleva el caso, guardar
buena conducta y no salir del país, mientras dure el juicio en su contra.