La Procuraduría negó al
excontraista Miguel Nule la oportunidad de demandar a la Nación por 1,5
billones de pesos por supuestos perjuicios derivados de incumplimientos en los
preacuerdos pactados con la Fiscalía.
El Ministerio Publico
explicó que se habían vencido los términos para presentar la conciliación que
se exige como requisito previo para entablar una demanda contra el Estado.
La Procuraduría además
identificó inexactitudes en la estructuración de un supuesto daño, sobre el que
no procede ninguna de las acciones previstas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Según el Ministerio
Publico la figura de conciliación ha permitido a la Nación ahorrar recursos en
el estudio de reclamaciones jurídicamente inviables.