Hoy entra en vigencia
la Ley de Garantías Electorales para el Gobierno central. Esta legislación se
aplica a las entidades gubernamentales que buscan realizar contratación
directa, con motivo de las elecciones para Presidencia de la República que se
adelantarán en mayo.
Según entidades de
vigilancia y otras como Colombia Compra Efiente, el año pasado más de un 70% de
la contratación del Estado se adelantó de manera directa. Esto implica recursos
por más de $15 billones.
Lo anterior significa
también que en el sector público se suscribieron más de 616.180 contratos bajo
esta modalidad, que según entidades de control facilita la corrupción.
El portal de
transparencia económica del Ministerio de Hacienda reveló que en lo corrido de
enero se suscribieron más de 93.000 contratos.
Según expresó Juan
David Duque, director de Colombia Compra Eficiente, “es importante recordar que
la Ley de Garantías está pensada para evitar que los recursos públicos se usen
para favorecer aspiraciones electorales, por eso su entrada en vigencia inicia
cuatro meses antes de las elecciones del Congreso de la República, que se
realizarán el domingo 11 de marzo de 2018 y va hasta que el Presidente sea
elegido, es clave que las entidades públicas tengan en cuenta las fechas y
restricciones para que los recursos del Estado se ejecuten de manera eficaz”.
“Como primera medida se
evidenció que entre los meses de junio y julio hubo un incremento del 58% en el
valor contratado, mientras tanto en los meses de agosto y septiembre los
incrementos respecto al mes anterior fueron de alrededor del 11%, finalmente se
detectó que el número de contratos celebrados después que acabó la Ley de
Garantías varió entre los 30 mil contratos y los 39 mil contratos”, puntualizó
Duque.
Según la entidad, la
Ley de Garantías Electorales prohíbe celebrar contratos en la modalidad de
contratación directa hasta la elección del nuevo Presidente de la República, e
involucra a todos los entes del Estado, sin importar su régimen jurídico, forma
de organización o naturaleza, pertenencia a una u otra rama del poder público o
su autonomía.