El alto tribunal abrió
investigación preliminar en contra del expresidente del Congreso Mauricio
Lizcano, y los parlamentarios Julio Gallardo Archbolt y Martín Emilio Morales
Diz. Fueron señalados por presuntos hechos de corrupción.
Investigación
preliminar a Lizcano, Gallardo y Morales Diz por Gustavo Moreno Tres congresistas entran al radar de la corte
por el 'ventilador' de Moreno.
Todo indica que la
negociación del exfiscal Gustavo Moreno con la Fiscalía vuelve a marchar sin
contratiempos. Un juez de Bogotá deberá decidir a primera hora de este jueves
si avala o no el principio de oportunidad con el que Moreno obtendrá la
inmunidad por todos los delitos que cometió siendo abogado litigante.
A cambio, el abogado
entregó un listado de 26 nombres de magistrados, axiliares, congresistas,
abogados, gobernadores. No todos fueron incriminados pero una gran mayoría
tendría relación con los hechos de corrupción que sacudieron la cúpula de la
justicia. En otros casos, Moreno solo tiene pistas que tendrán que ser
investigadas.
En un nuevo paquete de
indagaciones preliminares, la Corte Suprema de Justicia le puso la lupa a tres
nombres. En una decisión firmada este 24 de enero por la sala de instrucción
conformada por los magistrados Luis Hernández, José Luis Barceló y Fernando
Castro se abrieron nuevas indagaciones.
La primera es contra el
expresidente del Congreso Mauricio Lizcano. El nombre del senador del Partido
de la U -dice Moreno- fue mencionado por el exmagistrado Leonidas Bustos en una
cena de fin de año llevada a cabo en el año 2014 en Miami. La versión del
exfiscal es que Bustos le manifestó la posibilidad de integrar a un cliente
importante de apellido Lizcano y que le cobrarían 5.000 millones de pesos. Días
más tarde Gerardo Torres, Yayo, le precisa que se trataría de Mauricio Lizcano.
Lizcano aseguró a este
medio de comunicación que no conoce al exfiscal y que tampoco tuvo relación
alguna con Leonidas Bustos. "Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza,
es absurdo, es el nuevo derecho que una persona diga que no le consta nada pero
le contaron, que si tiene pruebas las entregue".
El senador indicó que
nadie le ofreció o le pidió plata y que no necesitaba buscar ese tipo de
contactos porque tenía un proceso preliminar normal con muy buenos abogados:
"Mucho menos tengo esa cifra, no tengo ni la mitad de eso en mi patrimonio
y llevo trabajando 20 años", subrayó.
El segundo nombre que
entra al radar de la Corte Suprema de Justicia es el del santandereano Julio
Gallardo Archobolt. El representante a la Cámara por el partido Movimiento de
Integración Regional fue mencionado por el exfiscal como un cliente que alcanzó
a pagar para cambiar el rumbo de su proceso en la corte, sin embargo, el dinero
tuvo que ser devuelto porque el magistrado Bustos cambió de opinión.
"Julio Gallardo
Archbolt me entrega unos recursos, como no se le ayudó termino devolviéndole
los recursos. Incluso le comento a Gerardo (Yayo). En ese momento estaba por
fuera de la Fiscalía, tengo que darle esos recursos a Julio y él entendió que el
compromiso era sacar la preclusión. (...) Con posterioridad se le reintegran
los dineros a Julio Gallardo Archbolt porque Leonidas decide llamarlo a
juicio".
El despacho de Bustos
se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento en un proceso que se le adelanta
por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros en el año 2014.
El caso tiene relación con las presuntas irregularidades en la contratación de
la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes entre 2005 y 2006.
El tercer caso es el
relacionado con el representante a la Cámara Martín Emilio Morales Diz, quien
enfrenta graves acusaciones por presuntos nexos con paramilitares y bandas
criminales.
En plena puerta del
Congreso fue capturado en marzo de 2016 el senador del Partido de la U.
Testimonios de un grupo de paramilitares que terminaron en las bacrim lo
enredan con el homicidio de un exalcalde de su municipio, San Antero, en
Córdoba, Wilmer José Pérez. También lo señalan de haber presuntamente apoyado
la expansión y consolidación de ese grupo en la región.
Gustavo Moreno lo
incluyó en la lista de clientes a los que intentó favorecer, aunque para los
integrantes de la “oficina” era clara la situación jurídica tan complicada que
afrontaba. Según el fiscal anticorrupción, el caso llegó a sus manos por cuenta
de la congresista Zulema Jattin y, pese a las advertencias de Leonidas Bustos
por la complejidad de las acusaciones, Francisco Ricaurte habría impartido la
orden de aceptarlo.
“Capturan a Martín que
es persona cercana a ella, Pacho dice vamos a tratar de ayudar, Bustos dijo que
ese es un tema de narcotráfico, no se metan allí porque hay homicidio y él
mismo había participado y firmado la captura. Yo transferí ese mensaje y
Ricaurte dijo métase que yo hablo con Gustavo (Malo) para que nos ayude”.
Por ese proceso se
habría cobrado 1.000 millones de pesos,
de los cuales Moreno cree que se alcanzaron a recibir 800 millones. En el testimonio,
el abogado no sostiene tampoco que el exsenador conociera el destino final de
ese dinero. “De esos honorarios recibí 250 millones y el excedente se lo
entregué a Pacho Ricaurte. Me tocaría revisar los pagos, podrían ser
fraccionados de 200, 300 millones”, dijo.
El ponente es el
magistrado Eugenio Fernández Carlier, quien llamó a juicio a Morales a finales
de 2016. La ayuda que se le ofreció -señala Moreno- era pidiendo que se
decretaran pruebas. “El compromiso que se asumió fue tratar de ayudar con
posiciones de Malo de manera favorable”, indicó Moreno.
Sobre estas
indagaciones, la Corte Suprema pidió al Congreso que certifique la condición de
congresistas que tienen o tuvieron los mencionados.