Luego de 6 horas de diligencias, el Juzgado 2°
Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías suspendió la
audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, hecha por la Fiscalía de la
Unidad de delitos contra la Administración Pública contra 8 personas, ex
funcionarios públicos de la Gobernación del Meta, por hechos ocurridos en 2013.
La medida fue tomada
luego de declararse imputados, sin aceptación de cargos a quienes según
presentación de la Fiscalía habrían incurrido en varios delitos, luego de la
firma de un convenio entra la Gobernación del Meta y la Corporación Red País
Rural, con el objetivo de fortalecer el montaje de procesos agroindustriales en
el departamento para los sistemas productivos de café, lácteos, cacao,
frutales, caña panelera y banco de maquinaria, por un valor total de $5 411 766
000, el cual debía cumplirse en el término de 24 meses y 15 días, que no se
cumplió y para lo cual se hizo un
desembolso inicial de 405 millones de pesos.
Durante el desarrollo
de las audiencias concentradas, la Fiscalía endilgó a los imputados los delitos
de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e
interés indebido en la celebración de contratos.
En cuanto a la
solicitud de medida de aseguramiento contra los investigados, la Fiscalía pidió
se otorgue medida preventiva de detención domiciliaria, para evitar que
desempeñen cargo público alguno, señalando que si bien ninguno de los
investigados tiene antecedentes, si se considera un hecho de mayor punibilidad la posición que
tenían por su cargo.
Los investigados son
Vladimir Sierra Martinez, actual secretario Jurídico de la Gobernación del
Meta, quien para la fecha era el jefe de la Oficina de Asuntos Contractuales de
la Administración Seccional; Hernando
Martínez Aguilera, secretario de Planeación del Gobierno Seccional y hoy
secretario de Víctimas, Derechos Humanos y Paz de la Gobernación del Meta;
Daniel Santiago Salazar Uribe, ex secretario de Desarrollo Agroeconómico,
Francy Nayibe Umaña Ruiz, exgerente de tesorería de la Gobernación del Meta.
También John Fredy
Chávez Cagua, supervisor del convenio y gerente de ganadería de la Secretaría
de Desarrollo Agroeconómico de la Gobernación, Carlos Emilio Romero Gómez, ex
asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Meta, Carlos Humberto Osorio Monroy, quien para la
fecha era secretario privado de la Administración Seccional y Luz Estela
Casasfranco Vanegas, ex secretaria Jurídica del Meta, hoy asesora de la Unidad
Nacional de Víctimas.
A las diligencias no se hizo presente Fredy
Vargas Ramírez, contratista y representante legal de la Corporación Red País
Rural.
Ante la presentación de 8 abogados de la
defensa, incluido un investigado que asumió esta labor sobre sí mismo, el
Juzgado decidió suspender la audiencia de solicitud de medida y fijar fecha
para resolverla.
Por determinación del
Togado, la audiencia continuará el 16 de marzo de 2017 a partir de las 8:15 am.