En 1998 Germán Vargas Lleras,
entonces exconcejal de Bogotá y aspirante al Senado, retirado del Partido
Liberal e incorporado al nuevo partido Cambio Radical (CR), manifestó su malestar por la forma de
hacer política en Colombia. Vargas declaró que “muchos candidatos estaban en
una subasta al mejor postor y las elecciones se habían convertido en una
especie de mercado en el que los candidatos participaban, invertían y buscaban
recuperar su inversión y obtener ganancias”.
Aún se sentían los ecos
del Proceso 8.000, terminaba el controvertido gobierno de Samper y empezaban
los procesos que llevarían a la cárcel a más de 20 congresistas, dos ex
contralores y un ex procurador. Al mismo tiempo en muchos departamentos se
estaban trenzando los lazos entre paramilitares y dirigentes que darían pie al
escándalo de la parapolítica.
Una década después de
estas declaraciones y después de haber sido senador, ministro del Interior y
vicepresidente, Vargas aspira a la Presidencia, y su partido es uno de los más
criticados por los nexos de muchos de sus integrantes con la criminalidad. Pese
a las críticas y al descrédito de los partidos a raíz de la parapolítica, ni CR
desapareció, ni Vargas Lleras renunció a hacer de él el vehículo de sus
aspiraciones personales.
Cambio Radical ha sido
uno de los partidos que más avales ha expedido a candidatos cuestionados.
Varios de ellos han sido condenados, destituidos o procesados por la justicia,
se han involucrado en actos de corrupción o han tenido nexos criminales. La
lista es larga e incluye al menos a 16 personajes avalados desde 2003. Entre
ellos se cuentan:
9 exgobernadores (5 de
ellos condenados por delitos derivados de sus vínculos con organizaciones
criminales, y otros más por corrupción, fraude electoral y constreñimiento al
elector);
5 alcaldes destituidos
y/o procesados por corrupción y uno más por falsedad ideológica en documento
público y prevaricato por acción, y
1 candidato al Concejo involucrado en fraude electoral.
CR alberga a una gran
variedad de políticos impresentables, para quienes los cargos oficiales son el
medio para apropiarse de las rentas públicas manipulando la contratación o
asociándose con redes de contratistas criminales. En el partido hay desde
homicidas hasta pillos y tinterillos que distribuyen prebendas o manipulan
autoridades locales para acceder a cargos de forma fraudulenta (ver Cuadro 1).
En este partido
convergen políticos con apellidos que en el pasado se asociaron a la lucha
contra el narcotráfico y la corrupción (como Carlos Fernando Galán y Rodrigo
Lara Restrepo), pero también políticos clientelistas, un poderoso clan que
domina la política en el Atlántico, líderes emergentes, críticos de la política
tradicional, y políticos trajinados en las transacciones oscuras y en la
apropiación de rentas públicas.