Villavicencio. La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía
Seccional precisó que medida de aseguramiento
solicitaría el Delegado del ente judicial que instruye el caso, contra
nueve ex funcionarios de la gobernación del Meta.
Ello tiene como fin
garantizar la comparecencia de esas personas dentro del proceso penal que se
adelanta contra personas vinculadas a la anterior administración.
Expuso que el Código de
Procedimiento Penal en su artículo 307, establece que son medidas de
aseguramiento:
Privativas de la libertad y en establecimiento carcelario.
Detención preventiva en
el lugar de residencia habitada por la persona imputada siempre y cuando no
obstaculice la comparecencia al proceso.
NO privativas de la
libertad, pero con obligación a someterse a la vigilancia de una institución
determinada.
Según la fuente
judicial, algunos exfuncionarios no se presentaron a las audiencias
preliminares el pasado lunes 6 de febrero a las 8:00 de la mañana y solo
asistieron seis y tres sin abogados.
Por tal razón, el Juez
de garantías reprogramó la imputación de cargos para el lunes 27 de febrero
próximo a las 9:00 de la mañana en la Torre A del Palacio de Justicia.
La Fiscalía imputará
cargos por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros,
celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales con interés
indebido y pedirá medida de aseguramiento.
Los investigados son
Hernando Martínez Aguilera, Vladimir Sierra Martínez, Carlos Humberto Osorio
Monroy, Daniel Santiago Salazar Uribe, Luz Estella Casafranco Vanegas, Francy
Nayibe Umaña Ruiz, John Fredy Chávez Cagua, Carlos Emilio Romero Gómez y Fredy
Vargas Ramírez.
Los hechos se
relacionan con la celebración de un convenio firmado con la Corporación Red
País Rural, en 2013 por $5 mil 411
millones de pesos y que, según la Fiscalía, no se ejecutó y que tuvo un
desembolso inicial de $405 millones de pesos.