De manera paradójica,
el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), que nació en el 2009 para evitar
el fraude y organizar la información del sistema del transporte del país, se
convirtió, según la Fiscalía, en “el corazón de la mafia de la chatarrización”.
De esta mafia habrían
hecho parte 13 personas detenidas este martes, entre quienes está el presidente
de la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), Pedro Aguilar Rodríguez,
quien lideró un paro de 46 días el año pasado.
Aguilar, de acuerdo con
la investigación, se habría quedado con una importante tajada de los cobros
ilegales al Estado por la supuesta chatarrización de 12.500 vehículos.
Según el director de
seguridad ciudadana de la Fiscalía, Luis González León, el Runt fue clave para
que un grupo de particulares, policías y funcionarios se apropiaran ilegalmente
de recursos del Estado por cerca de 600.000 millones de pesos.
Y la investigación de
la Fiscalía indica que Harry José López, coordinador del Runt desde el 2001,
era una de las fichas del engranaje que permitió la millonaria defraudación
durante más de cuatro años.
López, quien trabajaba
en el Ministerio del Transporte desde 1991, habría recibido giros de entre uno
y cinco millones de pesos para alterar y manipular el sistema a través del cual
los particulares hacen el trámite de la chatarrización ante el Ministerio de
Transporte. En el fraude, según la Fiscalía, también están implicados seis
exsecretarios de Tránsito de Guacarí (Valle) y Belén de los Andaquíes
(Caquetá).
¿Esposa cómplice?
Además de indicar que
Aguilar es el cerebro del fraude, la Fiscalía señala como parte del tramposo
entramado a su esposa, Jenny Johana Castillo, quien está fuera del país prófuga
de la justicia. Es buscada para que responda por recibir millones de pesos por
vehículos que no fueron chatarrizados o que solo existían en el papel. Dentro
de la misma investigación, en noviembre del 2014 había sido capturado Luis
Eduardo Aguilar Rodríguez, hermano del presidente de la ACC, por el cobro
ilegal de 3.640 millones de pesos producto de la chatarrización ilegal de 52
camiones.
Otros dos de los
detenidos este martes por las irregularidades en la desintegración de vehículos
resultaron ser empleados de Aguilar y uno más era el que le hacía los trámites
ante las autoridades de tránsito de Cali.
En el expediente está
el testimonio de Andrés Villegas Ramírez, exvicepresidente de la seccional del
Valle de la ACC, capturado el año pasado por los mismos hechos, quien sostuvo
que Aguilar extraía los datos de los vehículos y luego conseguía “otras
tarjetas de propiedad” y realizaba “transformaciones a las carpetas de
tránsito”. Villegas dijo que Aguilar incluía “cartas de afiliaciones de
empresas y tarjetas de operación para darles apariencia de legalidad”.
El testigo añadió que
en las secretarías de Tránsito “se realizaban modificaciones a la documentación
para convertir cualquier camión en tractomula y chatarrizarlo”.
En la redada de este
martes, realizada en al menos seis ciudades del país, también fueron detenidos
cinco policías del grupo de automotores de la institución asignados a la Dijín
y la Sijín de Cali.
Los uniformados, un
sub-intendente, tres intendentes y un patrullero, son señalados de recibir
pagos mensuales por información sobre los avances de las investigaciones contra
Aguilar y su núcleo más cercano. Estarían comprometidos con la certificación a
vehículos que no cumplían con los requisitos de chatarrización.
Trampas con cupos
Durante la
investigación, la Fiscalía estableció que también se registraron
irregularidades en el trámite de cupos para el servicio especial de transporte.
Por este capítulo
judicial fue capturado Luis Fernando Delgado Cardona, funcionario del
Ministerio de Transporte en Antioquia, quien, según los investigadores, exigía
dinero a los propietarios de los vehículos para renovarles los cupos, a pesar
de que no reunían los requisitos.
La Fiscalía detectó que
trabajadores del Mintransporte pedían dinero para mantener las licencias de
funcionamiento de los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) y para agilizar
estos trámites.
Siete procesados por paro
La Fiscalía les
imputará cargos a siete personas capturadas por la afectación de la movilidad y
los desórdenes que se registraron durante el pasado paro camionero en los
departamentos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca.
Entre los capturados
por esos hechos está Héctor Alfonso Medrano, representante de la ACC en Boyacá;
Jorge Andrés Charfuelán Moreno, de la Asociación de Transportes de Carga ATC de
Nariño, y otros cinco líderes más de la ACC y la ATC.
‘Están mezclando la protesta con la corrupción’: ATC
Al señalar que la
llamada Cruzada Nacional Camionera no está liderando las nuevas protestas del
transporte de carga programadas para el 20 de febrero, el presidente de la
Asociación de Transportadores de Colombia (ATC), Orlando Ramírez, dijo que el
Gobierno no puede relacionar la protesta social con las detenciones a líderes
camioneros.
Según el directivo, el
sector respeta las investigaciones, pero reprocha que se bloquee el derecho a
disentir, pues si ya se hubiera cumplido en su totalidad con el acuerdo de
julio del año pasado, dichas movilizaciones no se estarían gestando.
Ramírez indicó que del
total de los acuerdos del año pasado, cuando se levantó el paro camionero más
largo de la historia, el Gobierno ha cumplido un 53,9 por ciento de estos, un
11 por ciento está en proceso y un 33 por ciento está ‘quieto’, y pidió
transparencia al ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, quien, según
ellos, ha dicho que el avance es del 85 por ciento.
Y agregó que Pedro
Aguilar tenía conocimiento de las investigaciones que había en su contra, pero
que con el resto de personas se busca amilanar al sector.