De Notillano.
Villavicencio. La sala penal del Tribunal Superior modificó y revocó algunos numerales del fallo que profirió el Juzgado primero Penal de Circuito, el 3 de agosto de 2011 mediante la cual decidió, en algunos apartes, condenar y en otros absolver a los procesados por dineros públicos puestos en patrimonios autónomos o Fiducias.
Con ponencia del
magistrado, Alcibíades Vargas Bautista, la sala, ordenó al Juez de primera
instancia, ratificar las órdenes de capturas contra varios exfuncionarios de la
alcaldía de Villavicencio, una vez quede ejecutoriado el fallo.
Las ordenes de capturas
son contra Édgar Antonio Ahumada Sabogal y Gabriel Fernando Hurtado Orozco,
para que cumplan condena a 10 años en prisión y multa pecuniaria de $3 mil
millones de pesos, ambos, en calidad de cómplices del delito de peculado por
apropiación en favor de terceros.
Así mismo fue declarado
penalmente responsable, Miguel González Roncancio, y condenado a 17 años y 7
meses de cárcel, por los delitos de peculado por apropiación en favor de
terceros, en concurso con contrato sin cumplimiento de requisitos legales a
título de coautor.También le fue impuesta una multa económica de $6 mil 035
millones 740 mil 244 pesos.
En la misma sentencia,
el Tribunal condenó a José Guillermo Jaramillo Cárdenas, a 11 años y 2 meses en
prisión y multa de $6 mil millones de pesos.
De igual forma, se
declaró por prescripción, extinguida la acción penal adelantada contra, Gabriel
Fernando Hurtado Orozco, por la conducta punible de cohecho por dar u ofrecer,
y como consecuencia de ello se decretó a su favor la cesación de procedimiento.
Los hechos ocurrieron a
finales de 2005 y a comienzo de 2006 en una actuación de los tesoreros, Miguel
González y Agustín Hortúa, quienes pusieron en patrimonios autónomos $30 mil
millones de pesos, dineros provenientes de los excedentes de liquides de
regalías y del sistema general de participaciones.
Las ofertas fueron
presentadas por empresas particulares constituidas y sociedades fiduciarias
entre ellas COOCAFE y VISEMSA las que a su vez ofertaron la sesión de derechos
de beneficios con pactos de readquisición.
El municipio se
constituyó como inversionista beneficiario en la referida fiducia, resultando
afectado en 6 mil millones de pesos que no fueron devueltos por el
fideicomitente.
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