De las 57 cámaras del país es la única que tiene dos
sindicatos y un saldo rojo de $ 7.000 millones.
Del tiempo
A un plan estratégico
de salvamento está sometida la Cámara de Comercio de Villavicencio seis meses
después de que estuvo a punto de ser intervenida por el desorden administrativo
y financiero en que se encontraba.
Tenía un endeudamiento
de más de 5.000 millones de pesos y cuentas por pagar de 2.000 millones, la
Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una sanción de 119 millones
de pesos, la cual debe pagar en tres años, y le iban a quitar a Vichada, uno de
los cuatro departamentos de su jurisdicción.
En mayo pasado la
Superintendencia citó a una junta extraordinaria en la que les advirtió a los
integrantes de la junta directiva que la iba a intervenir por el desorden y los
escándalos en los que estaba involucrada.
No obstante, algunos
directivos -especialmente los que habían llegado a comienzo del año pasado-
habían hecho algunas denuncias y suspendieron la contratación al entonces
presidente ejecutivo, Leonardo Baquero García. Tiempo después, solicitaron a la
Superintendencia que les diera una oportunidad para recuperar la Cámara de
Comercio.
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| Mauricio Vega. Foto del Conuco |
En la Superintendencia
de Industria y Comercio les aceptaron esa propuesta, pero les impusieron
condiciones: tenían que nombraran un presidente ejecutivo que no sea de Villavicencio,
experto en cámaras de comercio y en el tema financiero.
De varios nombres que
evaluaron los integrantes de la directiva, finalmente nombraron a Mauricio
Vega, con trece años de experiencia en cámaras de comercio y que hacía un año
había ejercido como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira,
quien aceptó el reto a partir del 31 de julio.
Al recibir la entidad,
lo primero que encontró fue que no había flujo de caja para pagar las nóminas
de noviembre y diciembre, que el presupuesto y la nómina eran inoperantes, y 26
órdenes de prestación de servicios (OPS), también conocida como nómina
paralela.
Vega sostiene que “en
las cámaras de comercio eso está prohibido, porque todos los empleados deben
estar vinculados con su contrato laboral, tanto para blindar a la entidad como
al trabajador y si nosotros somos el referente empresarial e institucional,
debemos dar ejemplo”.
Las únicas OPS que
deben existir son para revisoría fiscal, asesor externo para temas laborales y
un asesor para que apoye en los asuntos de Superintendencia, Contraloría y
Procuraduría, y -si es necesario- un funcionario por renovación de matrículas
lo contrata tres meses.
Política, contratos y
sindicatos
Vega sostiene que de
las 57 cámaras de comercio del país la de Villavicencio era la única que tenía
sindicato cuando llegó a finales de julio.
A esto se suma que en
agosto, a los pocos días de asumir al cargo, tuvo que declarar la vacancia
automática del directivo William Hernández, porque se inscribió como candidato
al concejo de Villavicencio y una de las inhabilidades de las cámaras de
comercio es utilizarlas para hacer política.
En torno a la
posibilidad de que varios de los que se sindicalizaron el 2 de septiembre
pasado eran funcionarios recomendados por Hernández, Vega respondió que no
tiene la seguridad de que así sea "pero es mucha coincidencia que entre 26
y 27 personas crearan ese sindicato”.
Y pese a que al
presidente ejecutivo -Leonardo Baquero- le habían suspendido las facultades
para contratar, del 6 al 30 de junio suscribió seis contratos por 643 millones
de pesos.
La obligación mía es
salvaguardar los intereses de la Cámara y de la región y como el procedimiento
estaba mal hecho, me reuní con la junta directiva para echarlo para atrás esa
sociedad.
A todo lo anterior, se
suma que la CCV participaba de una agencia de promoción de inversiones
denominada Invest In Orinoquía, con la alcaldía de Villavicencio y unos
empresarios privados que no son de la región, con compañías recién creadas con
dos o tres meses de constitución, las cuales generan sospecha.
Además, se había
constituido a través de una sociedad por acciones simplificada (SAS), cuando
hay una normativa que prohíbe a las cámaras pertenecer a ese tipo de compañías,
sólo pueden hacer convenios sin ánimos de lucro.
“La obligación mía es
salvaguardar los intereses de la Cámara y de la región y como el procedimiento
estaba mal hecho, me reuní con la junta directiva para echarlo para atrás esa
sociedad”, sostiene Vega.
Al 27 de mayo la CCV
había celebrado cinco convenios con Invest In Orinoquía por 490 millones de
pesos, aparentemente para desarrollar proyectos estratégicos para la región.
Uno de los contratos era el estudio de los globos aerostáticos para hacer un
festival de globos en el Meta, otros para la construcción de una zona franca y
un centro de convenciones y exposiciones con un plazo de dos y tres meses.
Llamaba la atención que
los contratistas pedían prórrogas en tiempo para cumplir los contratos con la
excusa del cierre de la vía al Llano, que nada tenía que ver con el objeto de
esas labores. En ese momento, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría estaban al
tanto de los convenios porque generaban sospechas.
El año pasado de 93.000
matrículas sólo renovaron 45.000, posiblemente por el bajo nivel de reputación
de la entidad, la creación de empresas de papel -que en realidad no representan
el comercio- y que aparecen para cada elección de la junta directiva.
Vega agrega que no
había un censo empresarial y el registro único de proponentes que debía salir
en cinco días se demoraba un mes, excepto el de los comerciantes que los
funcionarios corruptos ‘vacunaban’.
Esa fue la primera queja
que recibió Vega. “Eso es gravísimo, por esa razón trajimos a dos agentes del
CTI encubiertos para que investigaran qué estaba pasando, y en este momento el
trámite se demora tres días”, sostiene.
La CCV ha brillado por
su ausencia en toda la región. Con una nómina de 150 funcionarios, no tenía el
personal calificado para cumplir las funciones. Tiene una oficina receptora
para recibir documentos en las capitales de los departamentos, pero no hay
calidad ni excelencia, y hay quejas hasta de la Presidencia de la República,
por lo que les iban a quitar Vichada, donde se iba a crear una cámara propia.
Antes de llegar Vega y
de que se vencieran algunos contratos de los directores y de algunos cargos
claves, les renovaron a tres años. Por eso, Vega sostiene que apenas ha podido
hacer dos cambios de funcionarios -la directora de registro y al director
administrativo, a quienes les canceló el contrato con justa causa- “porque
estoy amarrado en razón a que son indemnizaciones muy costosas”, dice.
Tenemos un plan estratégico
para este año y sacarla adelante. Porque es la obligación de la entidad
recuperar la viabilidad financiara y la reputación de una de las cámaras de
comercio del país con mayor cubrimiento geográfico: los departamentos del Meta,
Vichada, Guanía y Vaupés, y el municipio de Paratebueno (Cundinamarca).