En
la mañana del 15 de enero de 2018 ocurrió una de las peores tragedias recientes
de la ingeniería colombiana, un tramo del puente Chirajara de la vía al Llano
colapsó en ocho segundos y cobró la vida de nueve trabajadores, además de miles
de millones en pérdidas.
Al
respecto, Carlos García, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), le explicó en qué va el proceso, dos años
después de la tragedia.
“El
proceso de reconstrucción del puente, que colapsó en el sector del Chirajara de
la vía Bogotá - Villavicencio se encuentra en etapa de estudios y diseños, ya
que los estudios que había realizado el concesionario no fueron aprobados por
la interventoría que los objetó, entonces, actualmente se están realizando unas
perforaciones tanto del costado de Bogotá como del costado de Villavicencio
-tres en cada uno de los lados- con el propósito de determinar exactamente el
tipo de obras de estabilidad que requiere la ladera y adicionalmente la
profundidad o modificaciones que habría que hacerle a la cimentación existente,
esos trabajos deben finalizar hacia el mes de marzo y en ese sentido, el
concesionario debe afinar los estudios y diseños para surtir el proceso con la
interventoría para la no objeción”, aseguró García.
En
cuanto a un posible cambio de diseño del puente, como inicialmente se planteó,
el vicepresidente ejecutivo de la ANI aseguró que “el concesionario debe
entregar, conforme al estudio contratado que se suscribió en el año 2010, una
segunda calzada que una al sector del Tablón con el sector de Chirajara, el
tipo de puente que va a unir los dos túneles, uno que ya fue construido por el
concesionario y otro que está próximo a ser entregado por la concesión
Chirajara Fundadores, es un tema que le compete exclusivamente al
concesionario, lo que le compete a la Nación es la entrega de la segunda
calzada, pero es posible que la tipología del puente cambie, es decir que ya no
sea un puente atirantado, sino que puede ser de voladizos sucesivos como el que
se va a entregar en el sector de Pipiral, puede ser una fórmula de solución
para la segunda calzada y la unión de los túneles que están construidos”.
Respecto
a la compensación económica por los daños y perjuicios que se presentaron a
raíz de la no entrega del puente, García confirmó que cuando se inició el
gobierno del presidente Iván Duque comenzaba un proceso sancionatorio que
estaba avaluado en $16.000 millones, de los cuales aproximadamente $100.000 millones
correspondían al costo del puente que había colapsado, $10.000 millones
correspondían a la sanción económica por la no entrega del puente, equivalentes
a 10 salarios mínimos mensuales diarios y finalmente, el perjuicio que había
recibido a la Nación con relación a la no entrega de las obras en su debido
momento”.
“En
ese sentido a finales del 2017 buscamos una solución más expedita en términos
de la multa, el concesionario entonces asume la construcción del nuevo puente,
adicionalmente, hace un reconocimiento a la Nación equivalente a unos $8.000
millones y el resto de lo que era el perjuicio se mantiene en el proceso
sancionatorio que está en trámite, esperamos hacer una nueva sesión en los
próximos días y así va todo el proceso”, agregó García.
En
cuanto a una fecha para la entrega final del puente, el ejecutivo de la ANI
aseguró que “si no se objetan los estudios que actualmente se están realizando
y que irían hasta mediados de este año, la Agencia Nacional de Infraestructura
estima que las obras duren 22 meses, es decir que para mediados del 2022 entre
en funcionamiento el puente Chirajara en su totalidad”.