Bogotá, 14 de enero de
2020.- Con hallazgos fiscales por $55.195 millones de pesos concluyó una
Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría General de la República
sobre la conectividad en las Instituciones Educativas de 6 departamentos del
país (La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Santander), así
como el municipio de Acacías (Meta) y la Empresa de Telecomunicaciones de
Popayán (EMTEL).
Adicionalmente, se
envió a indagación preliminar lo relacionado con 3 contratos, desarrollados en
los departamentos de Magdalena y Norte de Santander, donde se evidencian
presuntas situaciones irregulares hasta por un valor de $11 mil millones.
“Nos preocupa lo que
podamos llegar a encontrar en el resto de departamentos, si en una muestra tan
pequeña detectamos situaciones tan delicadas”, expresó uno de los
investigadores que adelantó esta Actuación Especial.
El objeto de la
Actuación Especial fue mirar cómo se había contratado el servicio de
conectividad, es decir el internet que se adquirió en las Instituciones
Educativas de estos departamentos, para lo cual se analizó una muestra de
$157.745 millones de pesos, 12 proyectos y 25 contratos (aproximadamente por
cada proyecto se auditaron 2 contratos).
Es importante destacar
que, de los 25 contratos auditados, el 80% corresponde a una sola empresa
(FUNTICS), según se pudo determinar a través de la plataforma Oceáno de la CGR.
Aquí se configura un caso claro de una malla empresarial, dada que la firma
citada hace presencia en 16 departamentos.
El total de hallazgos
fiscales encontrados equivale al 35% de la muestra auditada.
7 “Mega Hallazgos”
En general, se
manejaron en esta Actuación Especial 7 modelos de hallazgos relacionados con el
tema de conectividad:
Pagos por períodos de
inactividad económica
*El primero fue el de
pagos por períodos de inactividad académica, es decir que las Gobernaciones
pagaron por servicios de internet en períodos donde los estudiantes estaban en
vacaciones (junio-julio y diciembre-enero). En este caso, se determinaron
hallazgos fiscales por $9.405 millones.
Se pagaron 599 días de
conectividad, que realmente nunca se prestaron. Los servicios se adquirieron
sabiendo que los mismos no se podían prestar para esa época.
Un caso donde se dio
esta situación fue en Norte de Santander. En el contrato 1423 de 2018, por 4
años, hubo 260 días de inactividad académica, donde se pagó el servicio de
conectividad. En promedio, por año se prestó tal servicio durante 65 día en
recesos académicos, cuando esto no se debía hacer. Se llegaron a pagar $3.878 millones.
Doble conectividad
*Un segundo modelo de
hallazgo es de la doble conectividad, es decir que las instituciones educativas
contaban con un servicio de internet, que había sido suministrado por el
Ministerio de Educación Nacional o por el Ministerio de las TIC, a través de
algunas sus iniciativas. Ese servicio es gratuito y de buena calidad, y sin
embargo las Gobernaciones contrataron una nueva instalación, generando un
posible detrimento patrimonial por
$9.294 millones.
La Contraloría encontró
que hubo 822 Instituciones Educativas que tenían al menos un proyecto de
conectividad con el Ministerio de Educación o con el MINTIC.
Un ejemplo palpable de
esta situación se encuentra en Santander, en el contrato 1335 de 2017, donde se
iban a beneficiar 320 Instituciones Educativas con el servicio de conectividad,
de las cuales en 114 hubo traslape, o sea ya se tenía el servicio contratado.
Pago por servicio no
prestado
*También se dieron
hallazgos por pagos de servicios no prestados: la Contraloría verificó quiénes
fueron los proveedores de los contratistas, o sea a qué operadores de
telecomunicaciones les compraron su servicio de conectividad. Se determinó
cuánto compraron y a cómo, lo que permitió concluir que no se entregaron la
totalidad de los megas que tenían que entregar, situación que le costó al
Sistema General de Regalías alrededor de
$10.949 millones.
Se dejaron de entregar
50.223 megas en 3 departamentos, cantidad con la que se hubiera podido atender
el servicio de conectividad de 5 mil escuelas.
En el departamento de
Magdalena, por ejemplo, en el contrato 1929 de 2015, se contrataron 34.560
megas y se dejaron de entregar 17.576, o sea un poco más de la mitad, lo que le
costó al Sistema General de Regalías unos $2.321 millones.
Sobrecostos
*Se encontraron
igualmente sobrecostos. En un solo contrato los sobrecostos del valor del mega
comprado llegaron a $ 1.664 millones. El precio que le cobraba el contratista a
la Gobernación, era un 65% superior frente a lo que este les pagaba a sus
operadores.
Por decir un ejemplo,
mientras los operadores (Azteca Columbus y Ufinet) le vendieron al contratista
Funtics el mega a $113.700, éste a su vez lo vendió a la Gobernación de la
Guajira a $321.685, o sea valor superior en un 65 por ciento (contrato 009 de
2016).
Intermediación
innecesaria
*También hubo un
hallazgo fiscal por $2.030 millones, por intermediación innecesaria. La
Gobernación adquirió un servicio de conectividad con un contratista, que a su
vez lo subcontrató con quien finalmente lo prestó.
Fallas en interventoría
Para la Contraloría,
los hallazgos antes relacionados denotan una falta absoluta de idoneidad y de
control en los procesos de interventoría de los contratos. En interventoría se
encontraron hallazgos fiscales por $6.535 millones.
Continuo desuso de software (“elefantes blancos” virtuales)
Finalmente, la
Contraloría realizó unas valoraciones sobre contratación de software en dos
casos y se encontró lo que se puede llamar “Elefantes Blanco Virtuales”, o sea
casos donde se pagó por un software que nunca se hizó.
Esto se determinó en 2
proyectos, uno en Nariño y uno en Santander, donde hay clara evidencia de
“Elefantes Blancos Virtuales” por $15.315 millones.
En ambos casos, se
contrató software para prestar capacitaciones a estudiantes y educadores y se
pudo establecer que los mismos ingresaron una vez a los contenidos de las
plataformas y nunca lo volvieron a hacer.
“Esto es tanto como
decir que construimos un colegio, lo dotamos, le ponemos toda la
infraestructura para que funcione y los estudiantes solo entraron una vez y se
fueron”, indicó el Contralor Delegado Sectorial de Regalías que tuvo a su cargo
esta Actuación Especial de Fiscalización, Iván Sánchez Arango.
En el departamento de
Nariño, en el convenio GN1737 de 2013 se presentaron 3 hechos: la plataforma
tecnológica nunca se implantó en los colegios beneficiarios del proyecto;
ninguna de las 750 Instituciones Educativas tuvo conectividad a internet, para
acceder a la plataforma; y, por si fuera, la plataforma fue hackeada
perdiéndose toda la información contenida allí. Tales situaciones generaron un
presunto detrimento patrimonial por $8.433 millones.
Un trabajo dispendioso
Para realizar esta
Actuación Especial de Fiscalización, la Contraloría verificó la conectividad de
3 mil instituciones educativas, se hicieron cruces de bases de datos con los
ministerios de Educación y de las TICS y se verificaron facturas de operadores
de telecomunicaciones (cruzadas con información remitida por algunos de estos,
que colaboraron con la investigación).
Vienen más hallazgos
En materia de
conectividad y software, la Contraloría Delegada de Regalías para TICS auditará
este año más de $100 mil millones de pesos, de los cuales un porcentaje
importante corresponde a la empresa FUNTICS.