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funcionarios del Hospital Piloto del municipio de Jamundí, al sur del Valle del
Cauca, viajaron a Punta Cana en República Dominicana con recursos de este
centro de salud.
De
acuerdo con las autoridades, el rubro utilizado por estas supera los 238 millones
de pesos, generando un presunto detrimento patrimonial.
Uno
de los viajes se realizó entre el seis y el diez de septiembre de 2018,
mientras que el segundo tuvo lugar del 13 al 17 de septiembre del mismo año.
Estos
hechos fueron puestos al descubierto mediante una auditoría realizada por la
Contraloría Departamental ante denuncias de la ciudadanía sobre posibles hechos
irregulares.
Las
inconsistencias estarían tanto en los gastos asumidos por los viajes, como en
el salario de la directora del hospital, Ligia Elvira Viáfara, y otros
funcionarios, los cuales están por encima de la escala salarial establecida por
el Departamento Administrativo de la Función Pública.
El
objetivo del viaje, tal y como lo señala uno de los apartes del informe del
ente de control fue “realizar una salida institucional con el fin de promover
la integración y capacitación en el SER, como estrategia para mejorar el clima
laboral".
Esto
"a través de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, por
medio de un liderazgo de cada colaborador, que nos permita alcanzar un ambiente
idóneo y amigable con el fin de elevar sus niveles de satisfacción personal y
laboral reflejado en una mayor productividad”.
La
Contraloría del Valle del Cauca indicó que para justificar dicho viaje debió
realizarse antes un estudio del clima laboral, que no se ejecuta desde el año
2015, cuando la norma lo establece cada dos años.
Añade
el órgano de control que el estudio estaba programado para noviembre del 2018,
justo cuando ya se había firmado el contrato con la agencia de viajes en el mes
de mayo.
Finalmente,
la Contraloría Departamental recordó que mediante varios decretos está
prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de
las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público.
Por
lo tanto, se iniciaron varias investigaciones disciplinarias, fiscales y
penales por detrimento patrimonial, teniendo en cuenta que la entidad no agotó
los requisitos previstos por ley para llevar a cabo este tipo de actividades.
