A la cárcel fue enviado
Jonathan Miguel Durán Duarte, secretario del Juzgado Promiscuo de El Castillo (Meta),
porque habría solicitado dinero a una persona vinculada dentro de un proceso
civil, adelantado en esa localidad.
Según denuncia, la
situación se vendría presentando desde este mes de enero cuando la víctima, una
Juez Penal de la capital del país, pretendía
solucionar un impase presentado con un caso personal, adelantado en ese
despacho desde 2017.
Para entonces el
Servidor judicial y abogado se habría ofrecido a resolver una nulidad en favor
de la demandante a cambio de dádivas, que superarían los $3’000.000, que
entregaría en 3 contados.
En flagrancia fue
detenido Durán Duarte luego de recibir $1’000.000 de pesos de manos de la
víctima, en un establecimiento público ubicado en un Centro Comercial del sur
de la ciudad, por Investigadores del CTI
Gaula Militar y de la Unidad de Reacción Inmediata URI coordinados por la
Fiscalía Seccional de esta Unidad.
Ante el Juzgado 3°
Penal Municipal con función de control de garantías fue presentado el detenido,
quien renunció a su derecho a guardar silencio y junto con su defensa técnica a
cargo de una funcionaria pública asumió esta acción, dentro del desarrollo de
las audiencias concentradas en su contra.
La Fiscalía imputó
cargos contra Durán Duarte por el delito de concusión a título de dolo, verbo
solicitar, acción consumada como autor, el cual no fue aceptado por el
detenido.
De ser hallado
responsable de los hechos endilgados, Durán Duarte podría pagar una pena entre
96 y 180 meses de prisión, de 10 a 15 salarios mínimos legales vigentes de
multa e inhabilidad para ejercer cargos públicos entre 5 y 8 años.
Ante la solicitud de
medida, el Juzgado aceptó la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de
aseguramiento preventiva consistente en detención intramuros, por considerar
que el detenido incurrió en acción desleal con la administración de justicia y
ordenó oficiar el resultado de estas
diligencias al Juzgado Promiscuo de El Castillo (Meta), para que su titular
pueda tomar las acciones pertinentes.
Las decisiones de
legalización de captura y medida fueron apeladas por la defensa.