El exsenador manifestó que le pidieron cuatro mil millones de
pesos para no enajenar unos bienes.
Colprensa
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| Eduardo Montealegre |
Otto Bula buscaba que
Rodrigo Aldana le ayudara en unos procesos penales que se le seguían por los
delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El exsenador Otto
Nicolás Bula Bula denunció que a mediados de 2018 recibió una oferta para que
pagara una millonaria suma de dinero para que los bienes que le fueron
incautados en el marco del proceso Odebrecht no pasaran a extinción de dominio.
Bula –quien fue
detenido el 14 de enero de 2017- señaló que para “garantizar” la devolución de
sus bienes en este caso intervendrían el exvicefiscal General, Jorge Fernando
Perdomo; la exdirectora de la Unidad de Extinción de Dominio, Andrea Malagón y
el exdirector nacional del CTI, Julián Quintana.
En una conversación que
el excongresista liberal sostuvo en la cárcel La Picota de Bogotá el 15 de mayo
de 2018 con el secretario general de la Contraloría de Córdoba, Alfredo José
Mendoza le manifiesta que está recolectando el dinero para poder “recuperar”
sus bienes.
En uno de los apartes
de la conversación el exsenador le manifiesta que ya consiguió dos mil millones
de pesos de los cuatro mil que “exige este man” para que se le garantice la
devolución de los bienes que en ese momento se encontraban en poder de la
Fiscalía General.
En otro de los apartes
de la charla –que ya se encuentra en poder de la Fiscalía General- se hace
referencia directa a la fiscal Andrea Malagón, preguntándole a Mendoza sí ya
había hablado con ella.
“¿Ya negoció con su
Malagón, con su vaina, con la doctora? Te hago una pregunta, ¿Ella se encarga
de todo allá adentro?”, cuestiona Bula. A lo que su interlocutor responde casi
que inmediatamente “Claro”.
El secretario general
de la Contraloría de Córdoba le asegura –como para darle un parte de
tranquilidad- que ella (Malagón) “como me puedo sentar con el abogado yo o le
mando un delegado que es la persona que maneja los temas de mi equipo”.
Mendoza le asegura que
la fiscal tenía a su “gente engrasada y alineada con el trabajo del abogado”.
Bula se convence de la efectividad del trabajo que iba a pagar, indicando que
si se habla de un delegado es porque “ya han sacado vainas, ¿verdad?”
Frente a esto Mendoza
le revela que en efecto se han realizado varios trabajos citándole el caso de
los supermercados Supercundi- los cuales fueron intervenidos en febrero de 2018
por ser parte de una red de testaferros de las Farc- señalándole que ese caso
lo había adelantado el famoso testaferro.
“¿Sabes quién tiene el
caso de Supercundi? (…) Supercundi fueron las empresas que les quitaron a las
Farc, el tema no sé si pasó e Cali, que se tomaron el pueblo, porque Supercundi
se lo quitaron a las Farc porque eran testaferros, lo tiene él con la
Malagíon”, indica.
Bula denunció
formalmente este caso ante la Fiscalía General señalando que varios integrantes
de la cúpula de la Fiscalía General de Eduardo Montealegre Lynnet tuvieron
conocimiento de esta petición de dinero y los trámites que se realizaban dentro
del ente investigador.
Por estos hechos de
corrupción, el pasado 12 de febrero fueron capturados el secretario general de
la Contraloría de Córdoba, Alfredo José Mendoza; su hermano, Carlos Raúl
Mendoza; y la funcionaria de la Fiscalía General, Erika Tatiana Rivera.
La Fiscalía General les
imputó los delitos de cohecho, concierto para delinquir y extorsión. El juez de
control de garantías los cobijó con detención domiciliaria.
En el marco de esta
investigación el pasado martes rindió interrogatorio exdirector del CTI de la
Fiscalía General, Julián Quintana.