Un
proceso por las irregularidades en un lote destinado a la construcción de una
ciudadela para fieles de una iglesia cristiana en el municipio de Pitalito
(Huila) habría originado el plan para atentar contra la vida del abogado y
líder social, Luis Gerardo Ochoa Sánchez.
El
jurista había sido contratad por un grupo de feligreses que consideraban que
habían sido estafadas puesto que el lote en el que se haría la supuesta
ciudadela había sido comprado por una constructora que poco o nada tenían que
ver con este proyecto.
Así
se desprende del escrito de acusación que radicó la Fiscalía General en contra
del actual alcalde de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rendón por su presunta
participación en este crimen registrado el 6 de abril de 2017.
El
abogado –según la investigación- fue citado a su oficina por un potencial
cliente. En ese momento fue sorprendido por un hombre fuertemente armado que le
disparó indiscriminadamente, acabando inmediatamente con su vida.
La
Fiscalía General acusará formalmente al mandatario por los delitos de homicidio
agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
El
pasado 11 de febrero un juzgado de Neiva ordenó la libertad para el alcalde,
quien se encontraba con detención domiciliaria.
Por
estos hechos ya fue sentenciado a ocho años y 10 meses de prisión Eduardo
Villanueva Murcia, quien reconoció su participación en este asesinato. El
sentenciado fue el “campanero” de los sicarios.
La
Fiscalía General igualmente citó a juicio a Mauricio Parra Rodríguez,
propietario de la constructora que compró el lote; a Mauricio Murcia Orjuela,
presunto sicario; César Alberto Sierra, socio del dueño del lote; Edgar Núñez
Guzmán; pastor de la iglesia y exsectretario de Planeación Municipal; Luis
Mario Colorado Rodas, Jeferson Polo Mejía, Stwar Sterling Santacruz, Campo
Elías Salas, Mauricio Ortiz Parra y Héctor Alexis Flórez.
