Se
formuló pliego de cargos contra el gobernador de Sucre, el exgobernador de
Amazonas, el entonces alcalde de Yopal, John Jairo Torres Torres, y se citó a
juicio disciplinario a tres funcionarios de la gobernación de Putumayo.
En Cartagena la falta
de una convocatoria del proceso licitatorio tiene sin complemento alimentario a
cerca de 90.000 estudiantes.
En Montería el proceso
de contratación de operadores fue declarado desierto el pasado 5 de abril, lo
que afecta a 30.112 alumnos.
En 2018 se han
iniciado 24 acciones por parte del Ministerio Público, entre preventivas,
apertura de indagaciones, inicio formal de investigación y formulación de
pliego de cargos.
Por tutela la
Procuraduría solicitará protección para más de medio millón de estudiantes.
Bogotá, abril 20 de
2018. La Procuraduría General de la Nación acudirá a acciones de tutela para
que los jueces de la República protejan el derecho a la educación de 538.000
estudiantes, y ordenen a las autoridades de 4 departamentos y 12 municipios
acelerar los procesos de contratación de los operadores del Programa de
Alimentación Escolar –PAE.
De acuerdo a la
información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, al 9 de
abril, aún no se iniciaba la operación del programa en los departamentos de
Quindío, Tolima y Sucre, ni en los municipios de Armenia, Cartagena,
Lorica, Sahagún, Sincelejo, Pitalito,
Santa Marta, Montería, Villavicencio, Girardot y Yopal.
Para el ente de control
resulta preocupante la interrupción del PAE en Casanare y el municipio de
Neiva, donde el programa operó con recursos de la vigencia anterior hasta el
pasado mes de marzo, lo que obliga a adelantar un nuevo proceso de contratación
para la vigencia 2018.
Los casos más
dramáticos están en Montería y en el del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena. En La Heróica, donde pese a que el calendario escolar inicio el
pasado 29 de enero, a la fecha 89.718 estudiantes están por fuera del PAE, a la
espera de que la administración convoque el proceso licitatorio para la contratación
de los operadores del programa.
De ese universo, 14.280
niñas, niños y adolescentes se encuentran matriculados en instituciones con
jornada única, lo que significa que permanecen un mayor número de horas en las
aulas de clase, sin que se les garanticen condiciones alimentarias para su
desempeño durante la jornada escolar.
En Montería, el pasado
5 de abril fue declarado desierto el proceso de licitación para la contratación
del operador PAE para atender 30.112 alumnos. Un nuevo proceso tomará como mínimo
20 días hábiles.
Ante el reiterado
incumplimiento de 14 de estas entidades territoriales en la puesta en marcha
del PAE, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la
Adolescencia y la Familia dará traslado para la eventual apertura de un proceso
disciplinario.
Para el Ministerio
Público, la alimentación escolar constituye una condición necesaria para
permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental a la educación
de los niños, niñas y adolescentes, y su ausencia representa una barrera para
su efectivo disfrute.
PROCESOS DISCIPLINARIOS
En lo que va de 2018 la
Procuraduría General de la Nación ha adelantado 24 acciones directas frente al
Programa de Alimentación Escolar que manejan las 95 Entidades Territoriales Certificadas
en el país.
Se ordenó la apertura
de 15 indagaciones preliminares contra las administraciones de Atlántico,
Risaralda, Pereira, Amazonas (2), Quindío y Armenia (2), Cúcuta, Cauca y
Popayán (3), Casanare (2), Tolima y Florencia.
Adicionalmente, el
pasado 7 de marzo de 2018 se abrió una indagación preliminar que vincula a las
administraciones de 39 municipios de 11 departamentos del país, por presuntas
irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.
La Procuraduría, a
través de sus delegadas del nivel central, ordenó la apertura de 4
investigaciones disciplinarias en los departamentos de Amazonas, Meta y Caquetá
y el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.
En las últimas horas la
Procuraduría formuló pliego de cargos contra el actual gobernador de Sucre,
Edgar Enrique Martínez Romero, y su secretario de Educación, Álvaro Manuel
Hoyos Romero, por presuntas irregularidades en el convenio PAE de 2016.
Así mismo, citó a
juicio disciplinario en un proceso verbal a los funcionarios de la gobernación
de Putumayo, Jorge Enrique Ferrín Dorado, secretario de Educación
Departamental; José Luis Moreno Lozano, jefe de la Oficina de Contratación, y
Óscar Darío Mayama Quetama, secretario de Servicios Administrativo y gobernador
encargado para la época de los hechos.
Entre los cargos por
los que deberán responder figura que el contrato 023 de 2017 habría sido
adjudicado sin las condiciones objetivas, justas, claras y completas, a un
proponente quien presuntamente no cumplía con la capacidad jurídica, ni
financiera, ni de organización, ni la experiencia.
Igualmente, formuló
cargos al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis; al
secretario de Educación, Milton Humberto Delgado, y al jefe de la Oficina
Asesora de la gobernación, Andrés Antonio Caicedo Arana.
Por último, también
formuló cargos al entonces alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, y a su
secretario de Educación y Cultura, Fredy Alexander Montoya Estepa.
Se les reprocha haber
entregado de manera directa a la Fundación Somos Manos Unidas el convenio de
asociación 010 de 2016, por valor de $3.000 millones de pesos, sin convocar a
una licitación pública como lo exige la ley.