18 personas fueron
capturadas en Medellín (Antioquia) e Ipiales (Nariño). Las medicinas fueron
incautadas en 29 diligencias de registro y allanamiento.
Desde analgésicos hasta
los tratamientos más complejos y costosos para pacientes con enfermedades de
alto riesgo, eran falsificados o ingresados de contrabando por una red criminal
que se habría instalado en los departamentos de Antioquia y Nariño.
Los integrantes de esta
organización que ha puesto en riesgo la salud de los colombianos, vendían las
medicinas a droguerías o distribuidores que se encargaban de ponerlas en
dispensarios y centros de salud. Los productos eran obtenidos a través de
varias modalidades ilegales, como:
Contrabando: Gracias a
las alertas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima) y de varios laboratorios farmacéuticos, investigadores de la Fiscalía
descubrieron el método utilizado para auspiciar el ingreso ilegal de
medicamentos al país.
Diferentes productos
vencidos, descompuestos y descontinuados en Venezuela y Ecuador, cruzaban la
frontera y eran recibidos por un grupo encargado de embalarlos y camuflarlos en
encomiendas que eran transportadas en buses de servicio público hasta Medellín.
Otras personas que
harían parte de la organización modificaban los empaques, borraban con betún
las fechas de expiración, el número de lote de fabricación, los nombres y
características del medicamento, para remarcarlos con nueva información que les
permitía venderlos como nuevos y auténticos.
Los elementos dan
cuenta que las medicinas eran almacenadas sin ningún protocolo de conservación
ni protección.
Falsificación: las
cajas de los fármacos eran falsificadas y se les daban la apariencia del
producto que necesitaban vender. De esta forma, los pacientes recibían una
medicina cuyo contenido no correspondía ni generaba el efecto esperado.
Medicamentos de uso
exclusivo: la estructura criminal habría cooptado empleados de algunas EPS que
les facilitaban medicamentos de uso exclusivo de esas entidades de salud, que
no podían quedar ni ser administrados por particulares.
Esta actuación ilegal
representaría una defraudación a los recursos que el Estado provee para la
atención de los afiliados, en el entendido que las medicinas eran
comercializadas por una organización ilegal.
De acuerdo con las
evidencias obtenidas, la venta de los medicamentos se coordinaba
telefónicamente y las entregas se realizaban a domicilio. Los precios eran los
mismos del producto original para no generar sospecha entre los compradores.