La Procuraduría General
suspendió por tres meses al gobernador de San Andrés, Ronald Housni en el marco
de la investigación disciplinaria que se le adelanta por las presuntas
irregularidades en la celebración de contratos para la entrega de medicamentos
en la isla.
El jefe del Ministerio
Público, Fernando Carrillo aseguró que en la visita hecha hace un año se
descubrió un "panorama desolador" frente al tema de la salud en San
Andrés.
Considera que en la
isla los corruptos se tomaron los contratos para dicho sector. "La
contratación siempre como vehículo para vulnerar los derechos sociales de los
sanandresanos".
La investigación
disciplinaria tiene como base la entrega de contratos a dedo y las falencias en
la ejecución de los mismos, lo que representa una afectación a los derechos
fundamentales de los habitantes.
"En el caso
particular del Hospital de San Andrés se ha producido un cambio de manos, un
servicio público que se le entregó a operadores privados sin controles de
ninguna naturaleza", precisó Carrillo.
La Gobernación -señaló
el Procurador- hizo caso omiso a las observaciones y advertencias hechas y en
vez de corregir las irregularidades le entregó el manejo del hospital a un
nuevo operador privado.
"Aparecen
elementos probatorios que indican que con posterioridad al conocimiento de la
prestación deficiente del servicio de salud que pone en riesgo la salud, por
supuesto, de los habitantes del departamento achipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina se ha celebrado nuevamente la misma clase de
contrato presentándose un deterioro en los servicios médicos ofertados, sin que
se tomen medidas serias dirigidas a solucionar el caos institucional",
precisó Carrillo al citar el informe del procurador delegado para la salud.
Considera que desde la
Gobernación se presentó una clara vulneración de los principios de
contratación, poniendo en riesgo la vida e integridad de los pobladores de la
isla. "Se presenta el mismo patrón, entregarle a los mismos y a los que
prestan deficientemente este servicio".
El Gobernador no podrá
cobrar su sueldo y tampoco celebrar contratos con el Estado mientras se cumplen
los tres meses de suspensión. "Se trata de una medida cautelar tomada
dentro un proceso".