La Fiscalía les imputó
cargos por la presunta apropiación de $518’000.000.
El servicio de
telemedicina para el departamento de Meta fue contratado hace 10 años, nunca
funcionó y hoy tiene a varios exfuncionarios vinculados a una investigación por
presuntos hechos de corrupción.
En 2008, la Secretaría
de Salud Departamental suscribió un contrato por $5.957’767.738 con la empresa
Arolen, para que pusiera en marcha el proyecto tecnológico; sin embargo, la
Fiscalía demostró que, presuntamente, no hubo estudios profundos de pre
factibilidad ni se tuvo en cuenta la poca capacidad de los hospitales que
prestarían la atención de telemedicina.
Posteriormente, de
acuerdo al material probatorio, se realizó un nuevo proceso contractual por
$872’000.000 para fortalecer el servicio que, en realidad, nunca entró en
funcionamiento.
Los elementos
recopilados evidenciaron que se habría pagado un anticipo y un valor adicional
por la supuesta deducción en la liquidación del contrato, sin que fuera ejecutado.
Los investigadores encontraron que se crearon varias facturas para acreditar el
cumplimiento en las responsabilidades pactadas.
Por estos hechos, en
los que supuestamente fueron apropiados irregularmente $518’000.000, la
Fiscalía imputó a cuatro exfuncionarios y al contratista ante el Juzgado 3º
Ambulante Penal de Garantías de Villavicencio. Los procesados son:
Carmen Sofía Motta
Sepúlveda, exsecretaria de Salud Departamental (2008).
Mónica Del Pilar Anzola
Roa, exsecretaria de Salud Departamental (2011).
Eduardo Guillermo
Cadena, exsecretario de Salud Departamental (2015).
William Fernando Romero
Torres, exsecretario de Planeación Departamental.
Carlos Eduardo Gamboa
Plata, contratista de la empresa Arolen.
En las audiencias
fueron formulados cargos por: peculado por apropiación en favor de terceros,
contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento
privado.
Carley Fernando Urbano
Buriticá, director comercial de la empresa Arolen, no asistió a la diligencia
de imputación y se fijó nueva fecha para el 10 de abril de 2018, ante el
Juzgado 3º Ambulante Penal de Garantías de Villavicencio.