Se enfrentan fiscal y Juan Manuel Santos

El proyecto radicado esta semana por el Gobierno al Congreso, que les otorga beneficios jurídicos a los pequeños cultivadores de hoja de coca y otros sembradíos ilícitos, terminó por enfrentar al fiscal General y al presidente de la República, que lo critican y defienden, respectivamente.

El primero en hacerlo fue el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien desde Barranquilla calificó como “aterrador” el proyecto de ley que buscaría otorgar un tratamiento penal diferencial a estos pequeños cultivadores de los ilícitos, que solo sería aplicable a quienes renuncien a continuar con esta actividad.

“No es posible debilitar la política antinarcóticos. Este proyecto de ley reduce las penas en unos casos en un 80% para quienes hagan cultivos ilícitos, no importa que sean cultivadores industriales”, dijo el fiscal.

Pero, horas después, Santos le salió al paso a las críticas y defendió la iniciativa, advirtiendo que oponerse a ella es negar la oportunidad al país de encontrar una solución a los cultivos ilegales. (Lea también: Farc rechaza informe de la DEA que los culpa por incremento de narcocultivos)

“Oponerse a esta ley es no darle la oportunidad no solo a estos campesinos de encontrar una nueva vida legal, sino negarle la oportunidad a Colombia de encontrar, por primera vez, gracias al proceso de paz, una solución estructural y de largo plazo a los cultivos de hoja de coca en el país”, indicó el mandatario desde Santa Marta, a donde asistió a la instalación del conversatorio por la Integridad y la Transparencia.

“Mal mensaje”: Fiscal
Para el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el trámite de esta iniciativa es grave porque se modifica el Código Penal sin que los beneficiarios formen parte del programa de erradicación y cultivos ilícitos.

“Se trata de una rebaja indiscriminada permanente hacia futuro de las penas a los cultivadores ilícitos en Colombia, un paso atrás (…) Es un mal mensaje en los momentos que estamos viviendo”, agregó.

El fiscal indicó que este proyecto beneficiaría a los financiadores de los cultivos con penas más bajas, siendo un mensaje equivocado en la lucha contra el narcotráfico en Colombia.

La iniciativa fue radicada el martes por el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, quien explicó que “hace parte del proceso de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, en el marco del Acuerdo Final de Paz de La Habana con las Farc”.

“Se busca fundamentalmente beneficiar a pequeños cultivadores que hayan incurrido en las conductas delictivas y que renuncien a cultivar o mantener plantaciones ilícitas, a cambio de no ser sancionados como el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico”, dijo Gil Botero.

Contrarrestar el narcotráfico: Santos
En contrapeso a estas críticas, el presidente Santos afirmó en Santa Marta que la nueva norma “cobijaría a más de 100 mil pequeños cultivadores que hasta ahora solo tuvieron en el cultivo de la hoja de coca una opción para alimentar a sus familias. Están deseosas de hacer el tránsito a la legalidad”.

Santos aseguró que se han hecho grandes sacrificios como ningún otro país en el mundo para contrarrestar el flagelo del narcotráfico.

“Hemos perdido nuestros mejores jueces, nuestros mejores líderes políticos, nuestros mejores policías, nuestros mejores periodistas y, sin embargo, seguimos siendo y nunca hemos dejado de ser en los últimos cuarenta años el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales”, puntualizó.

Según un reciente informe de la Casa Blanca, los cultivos de hoja de coca en el país alcanzaron las 188.000 hectáreas en 201