El fiscal delegado para
la Infancia y la Adolescencia, Mario Gómez, explicó que los diez funcionarios
de la Fundación Peces Vivos -señalados de torturar a menores de edad en
condición de discapacidad– se podrían enfrentar a una pena de diez años de
cárcel
el fiscal explicó que
tras imponerse medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los
señalados, se pedirá una condena ejemplar en su contra.
Gómez señaló que el
delito más grave que imputado a estas personas fue el de tortura.
“Cuando el trato cruel
se presenta contra personas que están en extrema vulnerabilidad, de tipo
físico-psicológico, la discriminación es clara por que les pareció natural
trabajar con la idea de estos niños amarrados, les tiraban sopa caliente como
castigo, entre otras cosas” contó el fiscal.
Aclaró que en este caso
“los niños y niñas pudieron declarar, pero se ha escuchado que los niños por
estar en condición de discapacidad cognitiva no son válidos los testimonios.
Pero ellos pueden diferenciar lo que es bueno o malo dependiendo el trato que
está recibiendo”.
El fiscal delegado
señaló que el ente investigador cuenta con material sólido y son más de 300
documentos probatorios los que soportan la acusación de la Fiscalía en este
caso.
Los capturados son
procesados por maltrato físico y psicológico a 11 menores de edad que recibían
atención médica y psiquiátrica en la fundación, ubicada en el barrio La Pola,
del centro de Ibagué.
Estas personas serán
trasladadas a la cárcel de Picaleña, mientras que la defensa de tres de ellos
anuncia que va a apelar la decisión de la juez.